Cladera ha intervenido en una mesa de debate en la que han participado el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Madrid, Tomàs de la Quadra-Salcedo Janini, el representante del Banco de España, Javier J. Pérez i el viceconsejero de Hacienda del Gobierno de Canarias,Guillermo Padilla, con el título de “La reforma de la financiación y los efectos del arte. 135 CE sobre las CA”.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas, Catalina Cladera, ha participado en el VI Foro de la Autonomía, organizado por la Instituto de Derecho Público, entidad responsable del Informe de las Comunidades Autónomas 2016, documento anual que ha sido presentado en el transcurso de la jornada que se ha celebrado en el edificio del Senado, en Madrid.
Cladera ha intervenido en la mesa de debate que ha tratado la “reforma de la financiación y los efectos del artículo 135 de la Constitución”, en relación a la reforma constitucional acometida el septiembre de 2011, para aumentar la sumisión de todas las administraciones públicas del Estado a los límites de estabilidad marcados a través de los planos europeos correspondientes.
En su intervención, Cladera ha destacado “la oportunidad histórica” que se plantea con el proceso de reforma del sistema de financiación que se ha iniciado, a raíz de las conclusiones de la Conferencia de Presidentes Autonómicos del pasado mes de enero. Cladera asume que “el marco de relación entre Baleares, el resto de CA y el Estado tienen que cambiar” para poder fijar “las bases por un reequilibrio territorial que permita la mejora de las mismas estructuras del Estado”.
Así, Cladera ha querido demostrar que si las comunidades autónomas han asumido el mantenimiento de los servicios básicos fundamentales en materia de salud, educación y servicios sociales, es necesario que puedan gestionar estas competencias “con la adecuada dotación de recursos”.
La consellera de Hacienda y Administraciones Públicas ha constatado que, si bien la Constitución española “apuesta por el federalismo fiscal”, dentro de su Título VIII, en la realidad el proceso “descentralizador” ha resultado “incompleto”, puesto que ha primado la “transferencia de competencias” pero no se ha sincronizado la transferencia de la gestión de los ingresos que nos hacía falta en las comunidades autónomas para gestionar correctamente estas competencias, “núcleo del Estado del Bienestar”. Cladera ha dicho que desde 2012 “el Estado ha asfixiado a los ciudadanos, a través de la asfixia de las comunidades”.
“La credibilidad y la fortaleza de España no se ponen en cuestión para plantearse un nuevo trasvase de recursos y de capacidad de gestión hacia las CA”, ha afirmado Cladera, pora quien este avance fortalecería el concepto constitucional de federalismo fiscal que emana del Título VIII. De otra manera, “la fractura social del Estado se produce cuando éste se ve incapaz de proporcionar servicios públicos básicos a sus conciudadanos”.
Cladera ha reclamado una mejora del sistema de financiación para las comunidades autónomas para corregir este efecto “en sentido contrario” al espíritu del estado de las Autonomías mencionado a la Constitución. Un efecto contrario que se ha demostrado claramente a partir de 2012, cuando el desarrollo reglamentario de la reforma del artículo 135 de la Constitución dio lugar a la promulgación de la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La aplicación de esta norma, en opinión de Cladera, ha desatado un movimiento “recentralizador” de atribuciones y capacidad de gestión de las comunidades hacia el Estado. Un movimiento que, para Cladera, ha quedado demostrado con el funcionamiento del mecanismos de liquidez que el Estado ha ofrecido a las comunidades, “que ha nos cambiado financiación por deuda” con un aumento del control y la tutela del Gobierno central sobre la gestión económico-financiera de las haciendas autonómicas que se han acogido a esta fórmula de financiación.
El Govern, según Cladera, ha afrontado el proceso de confección del nuevo sistema de financiación con una mezcla “de ilusión y de recelo”. Sin embargo, cree necesario que Baleares defienda el aumento de su autonomía fiscal, asumiendo un mayor rol dentro de la capacidad normativa, de gestión y de recaudación de una mayor cesta de impuestos. Este aumento de la autonomía fiscal redundaría en una mayor corresponsabilidad en la gestión.
La jornada del VI Foro de la Autonomía ha sido inaugurada por el Presidente del Senado, Pío García Escudero, y la conclusión ha ido a cargo de la Vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría.
