La Comunidad prevé destinar en 2017 un 3,5% más para la atención social primaria que prestan las mancomunidades de La Maliciosa, Sierra Norte, Sierra Oeste, Pinares, El Alberche, Pantueña, Las Vegas y Misecam, hasta llegar a 8,5 millones de euros, beneficiando a las más de 600.000 personas que viven en los municipios que las componen. Las mancomunidades agrupan a 140 de las 179 localidades de la región, un 78% del total.
Con este incremento el Ejecutivo pretende reforzar los servicios sociales de las mancomunidades y reafirmar su compromiso con ellas, valorando muy positivamente el trabajo que llevan a cabo sus profesionales. Precisamente por su importancia, el Gobierno regional cuenta con ellas para trabajar en la integración de las personas más vulnerables de la región, y poder ofrecerles los mejores recursos y los servicios óptimos.
Estas administraciones tienen un papel principal a la hora de acercar los servicios sociales a los menores, mayores o mujeres vulnerables, personas con discapacidad, inmigrantes o personas en situación de dificultad. Es a través de ellas como los ciudadanos pueden acceder a la cartera de servicios que presta la Comunidad de Madrid, además de recibir la atención social primaria, el acceso a la Renta Mínima de Inserción y a los recursos de la red de atención social especializada de la región.
El Gobierno regional tiene un especial compromiso con estas administraciones, además de lo que establece el Artículo 12 de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, en el que dice que la Comunidad debe fomentar la prestación en común de servicios sociales. Esta Ley también contempla la cobertura del sistema de servicios sociales a todos los ciudadanos en condiciones de igualdad.
Estrategia de inclusión social
La Comunidad ha puesto en marcha el pasado mes de octubre la Estrategia de Inclusión Social de la Comunidad de Madrid 2016-2021, con un presupuesto de 2.891 millones de euros. Cuenta con cuatro ejes de actuación (políticas inclusivas, refuerzo de los servicios sociales y medidas de apoyo a las personas excluidas, mejoras organizativas y refuerzo de la participación activa y la gobernanza), que incluyen 28 objetivos específicos destinados a prevenir posibles situaciones de pobreza y exclusión e intervenir con aquellas personas que ya se encuentran en esta situación, para que puedan superar ese momento de especial dificultad.
Una de las medidas más relevantes de esta estrategia es la creación de la tarjeta social, un documento que busca reforzar la universalidad del sistema público. En ella se recogerá el perfil sociolaboral de los beneficiarios de prestaciones y servicios de atención social y todas las intervenciones sociales. El objetivo del Gobierno regional es que, mediante esta tarjeta, se pueda ordenar toda la intervención social que reciba el ciudadano, de tal manera que se evitarán duplicidades y vacíos y se avanzará en la línea de un expediente único social.
