Un total de 700 españoles no religiosos que son misioneros en países de todo el mundo no pueden cotizar a la Seguridad Social y están acogidos a convenios especiales que no les cubren la asistencia sanitaria y que son «claramente insatisfactorios», según Obras Misionales Pontificias (OMP), que está trabajando para conseguir pólizas de seguros a mitad de precio para estas personas.
Así se lo ha trasladado el director de Obras Misionales Pontificias (OMP), Anastasio Gil, a los obispos españoles durante la celebración de la CVII Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se celebra hasta el próximo viernes.
«Son voluntarios que parten a la misión sin ninguna contraprestación económica. No son cooperantes, ni pueden ser considerados como tales. Al no ser reconocidos como empleados por cuenta ajena, ni siquiera tienen la posibilidad de darse de alta en la Seguridad Social. Igualmente, carecen de una cobertura sanitaria para cualquier enfermedad o accidente», ha precisado.
La diferencia entre el laico misionero y el cooperante radica en el contrato, inexistente en el caso de los primeros. Al no tener un contrato laboral, no se pueden dar de alta en la Seguridad Social y tampoco cotizar. Los convenios especiales permiten a estos misioneros no religiosos cotizar mediante el ingreso de una cuota mensual que, según indica Gil en declaraciones a Europa Press, en de 150 euros como mínimo.
No obstante, según explica, esta cotización cubre la jubilación pero no la asistencia sanitaria por lo que si quieren tener una cobertura ante posibles enfermedades o accidentes, deben contratar una póliza con una aseguradora privada.
En este sentido, la Comisión Episcopal de Misiones, OMP y la Coordinadora de Asociaciones de Laicos Misioneros están realizando las gestiones oportunas para ofrecer una póliza colectiva con alguna entidad de seguros que les podría suponer un ahorro de hasta un 50%. En cualquier caso, el pago de estas pólizas implica, según señaló Gil este lunes ante los obispos, buscar fuentes de financiación.
Ante este escenario, OMP tiene puestas sus esperanzas en la recientemente aprobada Ley del Voluntariado que «abre las puertas a la posibilidad de un reconocimiento explícito de esta realidad» que deberá articularse en la reglamentación de esta norma.
Mientras tanto, según indica Gil García, están buscando el amparo de algunos recursos legales como el de los convenios especiales que tachan de «claramente insatisfactorios» porque suponen una cotización mensual «más allá de las posibilidades de estos misioneros».
