El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que su formación va a presentar una proposición de ley en la Cámara andaluza para limitar a dos legislaturas el mandato del presidente de la Junta de Andalucía y también de los miembros del Gobierno andaluz, una iniciativa que el PP-A llevaba en su programa electoral y que requiere de la reforma de la Ley del Gobierno de Andalucía.
En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por la secretaria general del PP-A, Dolores López, y la portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, Moreno ha explicado que ya hay parlamentos que tienen aprobada esta cuestión, como es el caso del extremeño, y que en la Comunidad de Madrid también se ha propuesto recientemente.
El líder del PP-A, que ha recordado que su formación también registró esta iniciativa en 2008, 2012 y 2015, ha considerado que ocho años es un periodo «suficiente» para que un presidente de la Junta y también sus consejeros puedan desarrollar sus funciones, por lo que propone que pasado este tiempo sean «inelegibles» para estos cargos.
Esta es una de las iniciativas que se ha acordado este lunes en la reunión del grupo parlamentario del PP-A, que también ha dado luz verde a otra serie de propuestas en materia de regeneración de la vida pública. Entre ellas, Moreno ha mencionado la obligatoriedad de que todos los altos del sector público y de órganos de extracción parlamentaria publiquen su IRPF.
«Es más necesario que nunca que, además de los miembros del Gobierno andaluz y los diputados, lo hagan también los directores generales, altos cargos que tienen bajo su mandato un presupuesto autonómico de varios centenares de millones de euros», ha señalado.
Otras medidas promovidas por el PP-A van en la línea del buen gobierno, delimitar los requisitos de una conducta ética al frente de las instituciones en cuanto a ejemplaridad, integridad, honradez, transparencia y austeridad, y también en cuanto a conflictos de intereses e incompatibilidades.
LIBRE ACCESO A LAS DEPENDENCIAS DE LA JUNTA
Moreno también ha reclamado concreción de los gastos de representación de los altos cargos en la Ley de Presupuestos de la Junta y libre acceso de los diputados a cualquier dependencia de la Junta sin necesidad de autorización previa.
Junto a ello, el presidente del PP-A ha anunciado que en el próximo pleno parlamentario, que se celebrará la semana próxima, el Grupo Popular llevará ya para su debate y aprobación una Proposición no de Ley sobre regeneración democrática aplicada a aspectos financieros y políticas de subvenciones.
«Todos los escándalos de corrupción en el manejo de fondos públicos del gobierno andaluz están relacionados con la política de subvenciones y el limitado papel fiscalizador por parte de la Intervención», ha explicado, quien ha aclarado que entre las medidas de dicha Proposición no de Ley está la creación de una base de datos de subvenciones de la Junta «para saber en todo momento a quién se conceden, la cuantía, el plazo, la justificación, el pago y los procedimientos de reintegro».
REGISTRO DE EXONERACIONES
También se propone la creación de un registro de exoneraciones de la obligación de justificar subvenciones públicas, después de que éstas exoneraciones haya sido una «pata importante» del escándalo de los cursos de formación; así como la publicación de todas las modificaciones presupuestarias y de la publicación de todas las operaciones de crédito y los acuerdos de emisión de Deuda Pública de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.
La iniciativa del PP-A pide también el establecimiento de una base de datos de proyectos cofinanciados con fondos de la UE, «que permita conocer fechas de inicio y finalización»; así como la publicación de todos los trabajos realizados por la Intervención General de la Junta de Andalucía –planes de actuación, memoria de actividades, resoluciones e instrucciones promulgadas, así como los informes y conclusiones emitidos–.
En este sentido, ha anunciado que el PP reclamará también la obligación de remitir al Parlamento de Andalucía tanto los informes de actuación emitidos por la Intervención General de la Junta de Andalucía en un plazo no superior a siete días; como los informes que realizan los entes controlados sobre el grado de implantación de las recomendaciones propuestas en los informes de la Intervención General.
Además, el PP-A quiere que el Interventor General de la Junta comparezca al menos una vez al año en el Parlamento para dar cuenta del resultado de las actuaciones y conclusiones contenidas en los informes de mayor relevancia.
Por último, el PP pide la modificación de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía para que la persona titular de la Intervención General de la Junta, que en ejercicio de sus funciones advierta la existencia de las infracciones recogidas en el artículo 109 de dicha ley, lo ponga inmediatamente en conocimiento del Parlamento.
