IRPH Stop Gipuzkoa ha censurado que la Audiencia de Oviedo pretenda sancionar a dos abogados guipuzcoanos que pretendían anular el desahucio de una mujer, pese a que «tenían toda la razón» e intentaban «defender al más débil». Según ha explicado, los letrados estudian acciones contra el juez por «intentar amedrentarlos con una errónea interpretación de la Directiva 93/13/CEE».
Según se ha conocido recientemente, la Audiencia de Oviedo ha instado a expedientar a los abogados guipuzcoanos Maite Ortiz y José María Erauskin por considerar que podrían haber incurrido en «abuso de derecho» en su estrategia para intentar anular un desahucio de mujer, en la que el tribunal ve «una finalidad puramente dilatoria».
En un comunicado, IRPH Stop Gipuzkoa recuerda que ambos letrados apoyan, «entre otras muchas causas», la «lucha» contra el IRPH y los desahucios, y «son pioneros en la lucha judicial», en la que «han conseguido las primeras de sentencias de nulidad» de Indice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Además, «colaboran de manera voluntaria» con la PAH/Stop Desahucios y con plataformas a favor de los derechos de los animales.
Según la plataforma guipuzcoana, la defendida de Ortiz y Erauskin es «una anciana, propietaria de la vivienda familiar» con la que avaló un préstamo concedido a la sociedad mercantil de su marido, «sociedad en la que ella no tenía participación alguna ni ligazón por su matrimonio, pues el matrimonio lo es en régimen de separación de bienes».
Al quebrar la empresa, la entidad reclamó la vivienda de la mujer. Sus abogados entienden que su cliente es consumidora, pues tanto la directiva europea de cláusulas abusivas en contratos suscritos por consumidores, como la legislación española entienden que lo es «quien actúa en un ámbito ajeno a su actividad profesional, empresarial o laboral».
«Tener la consideración de consumidor es importante porque permite invocar la existencia de cláusulas abusivas en el contrato, y los abogados, desde que se incorporaron al procedimiento, han defendido el carácter de consumidora de su defendida», ha añadido.
Una vez agotadas todas las posibilidades legales y tras desestimarse su último recurso, según IRPH Stop Giupuzkoa, «el juez ha aprovechado para iniciar la apertura de un expediente por entender que se están comportando de manera temeraria y que han utilizado el derecho de forma abusiva».
TJUE
El colectivo ha recordado que, mientras esto ocurre en Oviedo, el Tribunal de Justicia de la UE «acaba de dictar» un auto que establece que la directiva europea de cláusulas abusivas puede aplicarse a un contrato celebrado entre una persona física y una entidad de crédito «para garantizar las obligaciones de una sociedad mercantil cuando esa persona física actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional y carezca de vínculos funcionales con la citada sociedad».
«Es decir, que resulta que nuestros abogados tenían toda la razón y que el Tribunal de Justicia Europeo lo acaba de confirmar», ha explicado.
Por ello, los dos abogados estudian emprender acciones «contra un juez que haciendo una errónea interpretación de la Directiva 93/13/CEE ha intentado amedrentarlos con un expediente» y también ha pretendido «proceder a un desahucio reprochando a los abogados sus intentos por hacer respetar un derecho fundamental como es la vivienda».
IRPH Stop Gipuzkoa se ha solidarizado con sus «compañeros y amigos» y les han transmitido su «apoyo». «Estamos orgullosos de ellos y sabemos que si los sancionan será siempre de manera injusta y por intentar defender al más débil», ha concluido.
