Integrantes del colectivo que ocupó el centro social ocupado autogestionado (CSOA) ‘La Madreña’, para quienes la Fiscalía ha solicitado una multa de 1.440 euros para cada uno, han considerado este miércoles que mejor haría la Justicia en perseguir casos que generan «verdadera alarma social»
En declaraciones recogidas por Europa Press, uno de los acusados, que actualmente es diputado regional por Podemos, Andrés Ron, ha dicho que la Justicia en Asturias «debería dedicarse a perseguir casos que generan verdadera alarma social por su coste tanto medioambiental o económico como el caso de El Musel, en Gijón, o la operación de los palacios, en Oviedo».
Otro de los acusados, Rubén Rosón, actualmente concejal en Oviedo, ha recordado que ‘La madreña’ es algo «muy sentido» por todos los ovetenses. «Las mayores manifestaciones cívicas después de la del catastrazo y la de la privatización del agua, se dieron en defensa de un espacio que lamentablemente fue derribada, siendo ahora la parcela un doloroso agujero en la memoria colectiva del pueblo de Oviedo, como el chalet de Concha Heres o la Estación del Vasco».
El activista cultural Diego Díaz, por su parte, ha querido agradecer a todos los grupos municipales del Ayuntamiento el apoyo que dieron a todos los imputados por este asunto.
Por último, el activista y actor David Acera ha apuntado que «en un país en el que la corrupción campa a sus anchas y tan pocos responden por sus actos frente a la Justicia, para mí es un orgullo estar imputado por ofrecer gratuitamente mi trabajo a los niños de mi ciudad».
Fue en noviembre de 2011 cuando un grupo de personas, vinculadas al colectivo de los ‘indignados’ del 15M, se instalaron en el edificio que había albergado a la Consejería de Sanidad en el centro de Oviedo. Por entonces ya estaba vacío. Decían ocuparlo en señal de protesta ante lo que consideraban una especulación urbanística en la ciudad. Constituyeron un centro social y se pusieron al servicio de los vecinos.
Después de los primeros meses de ocupación Sedes, propietaria del inmueble y participada por el Gobierno del Principado, llevó a los tribunales la situación, terminando por ser ordenado el desalojo. Finalmente el edificio fue derribado.
Ahora, con la acusación para diez personas ya firme, Acera ha considerado que es «muy preocupante» que no haya ni un sólo imputado por la ‘operación de los palacios’, una presunta trama de corrupción urbanística en la ciudad, y, sin embargo, haya diez acusados por constituir un centro social que sólo buscaba mejora la calidad de vida de los ovetenses.
Acera, además, ha criticado al PSOE y al presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, y le ha calificado de ser «ariete» y «punta de lanza» a la hora de iniciar este proceso. Acera ha recordado así la participación económica que el Gobierno asturiano tiene en Sedes.
