La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Corvera, promovido por el grupo municipal de Foro Asturias y aprobado con el apoyo de Izquierda Unida y de la Unión Social Progresista del concejo, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de 12 de marzo de 2014 que aprobó el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024.
La sentencia, de la que ha informado el Principado, dictada el 9 de marzo y que puede ser recurrida en casación, avala el proceder del Gobierno autonómico en la tramitación y aprobación del plan, y rechaza los argumentos planteados por los recurrentes, que acusaban al Principado de no respetar debidamente el proceso de participación ciudadana y de consulta a las entidades locales, así como de vulnerar la normativa relativa a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos.
En lo que se refiere al proceso de participación ciudadana y de consulta a las entidades locales, la sentencia señala que la Administración regional no solo ha dado «cumplimiento formal» a los requerimientos legales, sino que reconoce la «correcta y específica motivación» de los argumentos que esgrime el Principado, que ha dado en todo momento «oportuna respuesta» a las alegaciones presentadas.
Asimismo, subraya que en ningún caso el plan ha sido tramitado a espaldas de los ayuntamientos, puesto que «todos fueron invitados a participar y formularon las alegaciones que consideraron oportunas, no solo ellos, sino también los organismos de la comunidad autónoma y del Estado que asumen competencias relativas al medioambiente».
El director general de Calidad Ambiental, Manuel Gutiérrez, ha celebrado el fallo y la motivación que ofrece el TSJA, al considerar que tumba los principales argumentos esgrimidos por los partidos políticos y colectivos críticos con el plan de residuos. Gutiérrez también insiste en la necesidad de contar con esta norma para cumplir con la legislación estatal y europea.
