Bogotá, 27 ene (EFE).- La posibilidad de que guerrilleros de las FARC se integren en una policía rural tras un eventual acuerdo de paz, abierta ayer por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha generado hoy una encendida polémica en este país que intenta salir de 50 años de conflicto armado.
Durante su visita oficial a París, Santos abrió esa opción cuando fue preguntado por los periodistas: «No se me ha ocurrido, pero no lo descarto, bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido», respondió.
Esa declaración, que tuvo lugar después de que el Ejecutivo francés se comprometiera a apoyar la creación de una gendarmería rural en Colombia, ha levantado ampollas en medio del avance que se produce en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, que se llevan a cabo en La Habana desde noviembre de 2012.
Hoy las reacciones no se han hecho esperar tanto a través de los medios de comunicación como de las redes sociales, hasta el punto de acusar a Santos de negociar en secreto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el futuro papel de la fuerza pública.
«Propuesta de gendarmería rural con miembros de las Farc ratifica que sí se negocia estructura de la Fuerza Pública en La Habana», afirmó en Twitter la Procuraduría de Colombia, dirigida por el ultraconservador Alejandro Ordóñez, un crítico del proceso de paz.
En ese mismo sentido se pronunció el expresidente Álvaro Uribe, otro contrario de las negociaciones de paz, al manifestar que Santos «remata anunciando policías del terrorismo».
También el general Luis Mendieta, secuestrado durante doce años por la guerrilla, destacó la inconveniencia de esa medida: «Conociendo cómo son los comportamientos de la guerrilla y la instrucción para los atentados terroristas, considero que no se les debe tener en cuenta para ingresar a la fuerza pública», aseveró.
En defensa del presidente salió el director de la Policía de Colombia, general Rodolfo Palomino, quien dijo que esa posibilidad «no se ha contemplado hasta el momento».
La intensidad de la controversia llevó a Santos a aclarar hoy sus palabras, al tiempo que señaló que los mensajes de la Procuraduría son «perversos y malévolos».
«No hay ninguna razón para decir eso. No estamos negociando la Fuerza Pública en La Habana. Esa ha sido una posición tajante, clara, desde el comienzo de las negociaciones, a pesar de las múltiples intenciones de las FARC de que ese tema se discuta», declaró el mandatario.
Aunque aclaró que no descarta la inclusión de desmovilizados en la policía rural. «Pueden ser guardabosques, que es algo que vamos a necesitar muchísimo, bajo el control y el dominio de la Policía», matizó.
Desde que comenzó el diálogo, Gobierno y FARC han alcanzado preacuerdos sobre tres de los cinco puntos de la agenda, referidos a propiedad de la tierra, participación política y sustitución de cultivos ilícitos.
El próximo 2 de febrero, cuando retomen las conversaciones, está previsto que se abra el último apartado referido a desarme, desmovilización y reintegración a la vida civil de los guerrilleros.
