Bruselas, 21 ene (EFE).- La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), la gambiana Fatou Bensouda, consideró hoy que la transferencia a La Haya del comandante ugandés del Ejército de Resistencia del Señor (LRA) Dominic Ongwen acerca un paso más el fin del «reinado del terror» de esa organización.
«Esta transferencia nos lleva un paso más cerca al fin del reinado del terror del LRA en la región africana de los Grandes Lagos», dijo Bensouda en un comunicado.
Ongwen llegó el martes al centro de detención de la CPI en La Haya, diez años después de ser acusado por este tribunal internacional de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.
El comandante ugandés está bajo custodia de la CPI desde el pasado sábado después de que se entregara hace dos semanas, tras lo que ha permanecido detenido en una base militar en Obbo, situada en el sureste de la República Centroafricana.
«Su transferencia a la custodia de la corte envía un mensaje firme e inequívoco de que no importa lo que se tarde, la Oficina del Fiscal no se detendrá hasta que los responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional sean procesados ante la justicia por sus atroces crímenes», indicó Bensouda.
Asimismo, instó a todos los países a «renovar y centrar sus esfuerzos en garantizar el arresto de (el líder del LRA) Joseph Kony y otros fugitivos de la CPI».
Para el director de la división de África de la ONG Human Rights Watch, Daniel Bekele, la entrega de Ongwen a la CPI es un «gran avance» para las personas afectadas por el «largo pasado criminal del LRA», según un comunicado de la organización.
Bekele aseguró que este paso «no disminuye la importancia de los esfuerzos centrados en detener a Joseph Kony».
Ongwen está imputado en la CPI por tres crímenes contra la humanidad -asesinato, esclavitud y comisión de actos inhumanos- y cuatro crímenes de guerra: asesinato, crueldad en el trato a la población civil, ataques intencionados a civiles y saqueo.
Dominic Ongwen es uno de los cinco comandantes del LRA imputados en la CPI desde 2005 a petición de Uganda, al igual que Joseph Kony.
Los otros imputados son Raska Lukwiya, que ya ha sido declarado muerto, y Vincent Otti y Okot Odhiambo, que se cree que también habrían fallecido.
La Unión Europea (UE), por su parte, señaló hoy que la entrega de Ogwen a la CPI «es un logro significativo para la justicia internacional», según un comunicado.
«La UE felicita a quienes han hecho esa entrega posible. Esos esfuerzos ayudan a llevar la justicia a miles de víctimas del LRA, entre los que figuran muchos niños», señaló al respecto al alta representante de la Política Exterior, Federica Mogherini, que insistió en que Kony también deberá ser entregado a la CPI.
Creado a mediados de los años 80, el LRA es uno de los grupos rebeldes más antiguos, sanguinarios y violentos de África, aunque en los últimos años ha perdido gran parte de su capacidad operativa y se estima que en la actualidad solo cuenta con 200 ó 250 milicianos.
En 30 años de conflicto, el LRA mató a más de 100.000 personas y secuestró a unos 60.000 niños para convertirlos en soldados, según varias organizaciones internacionales.
En 2006 fueron expulsados de Uganda y se refugiaron en la zona fronteriza entre la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y República Centroafricana, donde Human Rights Watch estima que mataron a 2.600 personas y secuestraron a unas 4.000 entre 2008 y 2012.
