Madrid, 19 ene (EFE).- El portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha negado hoy «rotundamente» y «de manera tajante» haber ordenado un pago a uno de los empresarios detenidos en la operación Púnica.
Victoria ha salido así al paso de una información del diario El País que apunta que otro de los detenidos, el exconsejero delegado de la Agencia Informática y de Comunicaciones (ICM) José Martínez Nicolás, declaró ante el juez que Victoria le ordenó facilitar un pago de 10.000 euros a uno de los empresarios arrestados.
La información apunta que este pago se correspondería con trabajos hechos por el empresario para mejorar la imagen en redes sociales e internet de diferentes cargos del Gobierno autonómico, un extremo que el propio Victoria ha desmentido en una comparecencia de coordinación del dispositivo contra las nevadas.
Victoria ha explicado que la empresa de este detenido realizaba, a través de un contrato público, un seguimiento de las informaciones publicadas en las redes sociales y en los medios digitales sobre la Comunidad de Madrid, cuyas facturas por «tensiones de tesorería» dejaron de abonarse desde el mes de mayo de 2014.
El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha recalcado que dio la orden de que no se efectuasen los pagos de las cantidades adeudadas una vez tuvo conocimiento de que este empresario había sido detenido en la operación.
Según ha explicado Victoria, la administración regional no tiene ningún tipo de contrato dedicado al fomento de la imagen de su Gobierno ni del presidente, Ignacio González.
Sí existen, ha añadido, contratos que tienen por objeto el seguimiento en redes sociales y en los medios de comunicación digitales de las noticias que afectan a la Comunidad de Madrid.
En concreto, ha apuntado el portavoz, el contrato que recoge la información se viene realizando desde el año 2012 y es «similar», según Victoria, al que hacen otras empresas públicas y privadas, instituciones, clubes de fútbol e incluso medios de comunicación.
«Nada tiene que ver con la producción de la imagen de la Comunidad de Madrid ni del presidente», ha recalcado el consejero de Presidencia, que ha añadido que los pagos derivados de esa relación contractual tienen un «soporte documental» y estaban «fiscalizados» e «intervenidos», con una factura de alrededor de 1.500 euros mensuales más IVA.
Victoria ha reconocido que a partir del pasado mes de mayo se dejaron de abonar las facturas por «tensiones de tesorería» y que la empresa afectada por ese impago derivado de «ajustes presupuestarios» reclamó «en distintas ocasiones», incluso a él mismo.
El consejero ha añadido que la empresa ha reiterado la petición de pago de las facturas atrasadas incluso después de las detenciones de la operación Púnica, que el Gobierno regional no ha abonado tras haber dado él la orden «personalmente» de que no se pagaran tras la operación.
Tras preguntas de los periodistas sobre supuestas llamadas interceptadas por la Policía a este empresario citadas en la información, Victoria ha evitado pronunciarse sobre informaciones que afectan a terceros en la que no figura su nombre «citado por nombres y apellidos» y cuya «veracidad» no le consta.
«No son mensajes ni llamadas que a mí me afecten», ha recalcado Victoria, que ha indicado que «en todo caso» estas cuestiones están bajo secreto de sumario.
