Buenos Aires, 16 ene (EFE).- El Gobierno argentino recalcó hoy la importancia de las declaraciones realizadas por el juez de la causa del atentado contra la mutual judía AMIA, quien afirma que desconocía la investigación realizada por el fiscal Alberto Nisman, que ha derivado en una denuncia contra Cristina Fernández.
«Más que una opinión que podamos dar nosotros, o afirmar respecto a la falsedad de la denuncia, tenemos que decir que el juez natural de la causa, Canicoba Corral, ha sido más contundente que cualquiera. Sus opiniones son tan claras y contundentes que nos ahorra palabras», dijo hoy el jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich rechazó agregar nuevas apreciaciones sobre las acusaciones realizadas por Nisman, quien denunció este miércoles a Cristina Fernández, al canciller, Héctor Timerman, y a varios dirigentes oficialistas por presuntamente encubrir las responsabilidades de Irán en el atentado, que dejó 85 muertos en 1994 en Buenos Aires.
El jefe de Gabinete remitió a las declaraciones realizadas ayer por Rodolfo Canicoba Corral ante los medios locales, en las que aseguró que desconocía la investigación de Nisman, que no ordenó las escuchas a dirigentes oficialistas y que la investigación del atentado se ha mantenido sin avances en los últimos tiempos.
«Hubo una confusión de roles porque el que debió conducir la investigación fue el fiscal y debió conducir a los elementos de inteligencia que cooperaban y me parece que terminó siendo al revés», sostuvo también Canicoba Corral.
Capitanich aseguró que la postura del Gobierno quedó clara tras lo manifestado ayer por el canciller, Héctor Timerman, quien compareció ante los medios, sin admitir preguntas, para rechazar las «patrañas» de Nisman y acusar al fiscal de dejarse guiar en sus investigaciones por los intereses de los Servicios de Inteligencia.
También Cristina Fernández se pronunció ayer por primera vez sobre las acusaciones a través de las redes sociales, al tuitear: «AMIA, una vez más, sin justicia ni verdad», junto a una foto de 2007 en la que aparece junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner en un homenaje a las víctimas.
Nisman sostiene que no buscó iniciar una investigación contra el Gobierno sino que encontró conversaciones entre dirigentes oficialistas, presuntamente interlocutores del Gobierno, a través de la intervención del teléfono de Jorge Alejandro Jalil, un representante iraní sin cargo diplomático que está imputado.
«Es un error (pensar que se hizo una escucha ilegal). El teléfono ya estaba intervenido. Cayó del cielo un tema que no estaba previsto. Empezó a usarse ese teléfono para otros fines, como hablar con (Mohsen) Rabbani (uno de los principales acusados)», precisó ayer el fiscal en declaraciones a medios locales.
La denuncia de Nisman recibió este jueves su primer revés judicial cuando la magistrada María Servini de Cubría dictaminó que no interrumpirá la feria judicial por las vacaciones de verano para que la demanda sea tramitada con celeridad por considerar que no se ha acompañado de «elementos probatorios».
Por el contrario, los referentes de los principales partidos opositores reclamaron a la Justicia que se aborde con urgencia la investigación por la gravedad institucional de las acusaciones.
El atentado contra la mutual causó 85 muertos y 300 heridos el 18 de julio de 1994, dos años después de que una bomba explotara frente a la embajada de Israel en Buenos Aires y provocara 29 víctimas mortales.
La investigación y la comunidad judía atribuyen a Irán y a la organización Hizbulá la planificación y ejecución de ambos atentados.
Por el momento, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ha evitado posicionarse respecto a las acusaciones y se declaró «a la espera de tomar conocimiento acabado y profundo del contenido» de la denuncia de Nisman.
