Palma, 14 ene (EFE).- El exconcejal de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, ha asegurado hoy que el expresidente del Govern Jaume Matas «jamás» le sugirió que el nuevo hospital que se planificaba fuera ubicado en Son Espases, y si lo hubiera hecho «probablemente» habría descartado esa opción, ha dicho.
De Santos ha comparecido después de la exalcaldesa Catalina Cirer en la segunda jornada de declaraciones ante la comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción de Son Espases en el Parlament balear, en la que están citados cuatro exresponsables políticos del Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca en la legislatura 2003-2007.
«No era ni la manera de trabajar conmigo el señor Matas ni la manera de trabajar yo con él, al contrario, jamás recibí ninguna sugerencia al respecto y si la hubiera tenido probablemente hubiera descartado que fuera Son Espases la ubicación», ha afirmado.
El ex teniente de alcalde de Urbanismo ha explicado que fue decisión suya que las cuatro posibles ubicaciones para situar el hospital que habían determinado los técnicos municipales fueran sometidas a debate y votación en el pleno municipal para garantizar la transparencia.
«Yo mismo tenía las sospechas de que pudiera haber en torno a esta cuestión una especulación, que me preocupaba mucho porque ya se hablaba, y precisamente para evitarla quisimos ser máximo transparentes», ha detallado.
Según De Santos, la modificación para permitir que se construyera el hospital no se hizo mediante la declaración de interés general del Govern por su empeño en que se realizara de la forma más transparente posible: «Fui yo el que me empeñé en que, para evitar suspicacias, hubiera un proceso completo».
Por ello se modificó en Plan General de Ordenación Urbana sometiéndolo en tres ocasiones a exposición pública, en fases inicial, provisional y definitiva, aunque declarar el interés general «hubiera sido muy fácil».
De Santos fue condenado a prisión por abuso de menores y un delito contra la salud pública, y por el desvío de unos 53.000 euros del Ayuntamiento de Palma, al pagar con una tarjeta de crédito del consistorio en varios clubes de alterne de la ciudad.
