Las Palmas de Gran Canaria, 16 dic (EFE).- La querella que el Gobierno de Canarias estudia presentar contra quienes han participado en la autorización de las prospecciones petrolíferas que está realizando Repsol a 50 kilómetros de Lanzarote y Fuerteventura parte de posibles delitos en la declaración de impacto ambiental.
El exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín ha confirmado hoy a Canarias Radio La Autonómica que ha recibido el encargo del Gobierno canario de realizar un dictamen sobre todo el procedimiento seguido para autorizar este proyecto petrolífero.
«Primero hay que determinar si los hechos presentan apariencia de posibles delitos de prevaricación o falsedad o, incluso, si aparecen otros y, en segundo lugar, quién es el autor. En principio, es la persona que firma la autorización de impacto medioambiental, que en este caso es el secretario de Estado de Medio Ambiente (Federico Ramos de Armas)», ha manifestado Martín Pallín.
El exmagistrado recuerda que los delitos medioambientales están concebidos en España como «delitos de riesgo, no de resultado».
«Y entre estos riesgos está que los turoperadores de los países que orientan el turismo hacia Canarias se lo comuniquen al cliente. Eso puede ser muy perjudicial para el turismo en Canarias, sin que conste de una manera clara que tenga ventajas para el archipiélago y mucho más concretamente para Lanzarote y Fuerteventura, que son las dos islas más directamente afectadas», argumenta.
