Madrid, 23 oct (EFE).- El estado de la libertad de expresión en España merece la calificación de un notable bajo y ha experimentado un ligero descenso, según el informe «La Libertad de Expresión 2013», elaborado por la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva).
El resultado de 7,03 puntos alcanzado en 2013 supone un notable en su nivel inferior, con un ligero descenso respecto del 7,25 de 2012, lo que muestra la necesidad de trabajar, desde todas las instancias, «para proteger una institución principal de la sociedad de las libertades», ha destacado Funciva en un comunicado.
Esta puntuación se ha obtenido de acuerdo a las respuestas de diversos expertos, que han contestando a un total de once preguntas referidas a cuestiones básicas acerca de la regulación legal de este derecho fundamental y a su ejercicio en los medios de comunicación.
El director del estudio y del Observatorio de la Libertad de Expresión de Funciva, Justino Sinova, ha explicado que la inclusión en el test de una nueva pregunta sobre el uso que de la libertad de expresión hacen medios y periodistas «ha contribuido al descenso de la calificación».
«La profusión de demandas judiciales sobre protección del honor, la intimidad y la propia imagen es un índice del uso incorrecto que se hace de la libertad de expresión en ciertos medios, notablemente en espacios de algunas televisiones», según el estudio.
Ante ello, Sinova ha invitado a reflexionar sobre «la responsabilidad de quienes poseen o adquieren temporalmente notoriedad en el espacio público».
Otros tres asuntos han ayudado a empeorar la nota media de la libertad de expresión en España el pasado año.
Se trata de la permanencia del control gubernamental sobre la televisión pública (pasa de 6,8 a 5,83), en especial en el ámbito autonómico y «en un año en el que las comunidades tenían la oportunidad, por primera vez introducida en la ley, de enajenar sus televisiones y también sus radios y dejar de poner sus manos sobre ellas», según esta Fundación.
También ha influido «la baja protección» del trabajo de los periodistas (de 7,4 a 6,17) a causa de la crisis económica en los medios, en las condiciones de trabajo de los periodistas y, como consecuencia, en su autonomía laboral.
Asimismo, «la persistencia de la lentitud» en la actuación de la justicia (6,9 a 6,33 ) se erige como «un serio inconveniente» para la defensa de la propiedad intelectual, especialmente en el ámbito de la comunicación informática.
No obstante, en otras cuestiones, las respuestas de los consultados han elevado la calificación que obtuvieron el año anterior, como en la referida a si hay límites a la libertad de expresión que se sustentan en razones políticas de oportunidad.
Así se ha producido una mejora de casi un punto (de 5,6 a 6,5), que puede deberse a que durante 2013 «no se ejerció uno de los límites políticos más notables, que es el que se aplica a las televisiones en campaña electoral», según Funciva.
La pregunta sobre si el poder político respeta plenamente la libre actuación de periodistas y medios repite valoración (de 5,3 a 5,33) y «evidencia un problema no resuelto y de notable gravedad ya que las ayudas concedidas discrecionalmente por el poder político hurtando la información sobre ello a los ciudadanos llevan aparejada la imposición de condiciones en la actuación diaria de los medios», explica el informe.
En el documento se subraya que el problema para la libertad de expresión no está en nuestro ordenamiento constitucional sino «en decisiones y conductas que limitan arbitrariamente su ejercicio o suponen una extralimitación que perjudica gratuitamente a los demás».
Junto a Justino Sinova han participado en el trabajo otros periodistas, profesores y abogados como Elviro Aranda, Ignacio Bel, Ángel García Castillejo, Javier Fernández del Moral y Rodrigo Gutiérrez.
