Madrid, 10 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de 127 años y medio de cárcel impuesta al celador de un geriátrico de Olot (Girona) Joan Vila Dilmé por el asesinato de once ancianos en el centro en los años 2009 y 2010, a quienes suministró ácido cáustico, psicofármacos y otras sustancias para matarles.
En una sentencia, el Supremo confirma las dictadas por la Audiencia de Girona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al rechazar el recurso de Joan Vila.
Éste argumentó que no había pruebas suficientes para acreditar que la muerte de ocho de los once ancianos se debiera al suministro por su parte de dosis elevadas de las sustancias citadas, que él confesó haberles dado en sus declaraciones ante la Policía, el juez instructor y el juicio oral celebrado con jurado.
Según resalta el Supremo, su abogado admitió en sus conclusiones en el juicio la autoría de los once asesinatos aunque pidió la aplicación de la eximente completa de trastorno psíquico, pero tras su condena ya solo reconoció tres y recurrió por vulneración de la presunción de inocencia en relación con las otras ocho muertes al entender que no basta su confesión para probar el delito.
El Supremo califica de contradictorios e incoherentes los argumentos de Vila, ya que confiesa haber suministrado los productos tóxicos a los ancianos y luego sostiene que pudieron haber fallecido por causas ajenas a su conducta ya que en su opinión las autopsias no fueron concluyentes.
Para el alto tribunal el recurrente «se adentra en una línea argumental notablemente irreal e inverosímil al apuntar hacia la posibilidad de que al margen de su conducta homicida concurriera la de otra persona que sin estar de acuerdo con él y por su propia cuenta perpetrara también esta clase de actos con respecto a otros ancianos».
La sentencia indica que cuando consta el cuerpo del delito, como es el caso, la confesión puede por sí misma ser prueba suficiente de la autoría aunque en este supuesto lo contrario tampoco hubiese beneficiado a Vila ya que hubo datos complementarios suficientes, como testimonios y autopsias, que corroboraron su confesión de los crímenes.
La sentencia de la Audiencia ahora confirmada condenó además a Vila al pago de indemnizaciones por un total de 369.000 euros a los familiares de las víctimas y estableció en 40 años de cárcel el límite de cumplimiento efectivo.
