Madrid, 23 sep (dpa) – Mariano Rajoy anunció hoy oficialmente la retirada de la polémica reforma del aborto, una decisión que acabó de facto con la carrera política de su ministro de Justicia.
Desautorizado, Alberto Ruiz-Gallardón anunció su dimisión por la tarde, diez meses después de empezar a redactar una ley que no solo generó fuertes críticas en la sociedad española, sino que abrió la división en el Partido Popular (PP) y en el gobierno de Rajoy.
«He tomado una decisión como presidente del gobierno que es la más sensata», explicó Rajoy por la mañana a los periodistas, al salir de un congreso de comunicación en Madrid.
«Vamos a seguir trabajando por la cohesión, pero no podemos tener una ley que cuando llegue otro gobierno la cambie», añadió, confirmando lo que se daba ya por hecho desde hace días.
A ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas de mayo en España, seguir adelante con una ley más dura que la que España tenía hace 30 años era peligroso, teniendo en cuenta que el Partido Popular abarca un espectro político que va desde el centro hasta la extrema derecha.
La reforma de Gallardón no solo pretendía acabar con la ley de plazos aprobada en 2010 por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que permite a la mujer abortar hasta la semana 14 sin tener que alegar motivos. También iba a desterrar la malformación del feto de los supuestos del aborto legal.
Según anunció hoy Rajoy, el gobierno solo reformará ahora uno de los puntos más controvertidos de la ley de 2010, el que permite abortar sin consentimiento paterno a las mujeres menores de 18 años.
«Más que desautorizado, siento que no he sido capaz de cumplir el encargo que se me hizo por parte del gobierno», dijo hoy ante la prensa Gallardón. «No hay que buscar responsabilidades fuera, sino que las responsabilidades las asumo yo».
Gallardón asumió al inicio de la presente legislatura el encargo de reformar la ley aprobada por Zapatero, uno de los puntos que el PP prometía en su campaña electoral de cara a los comicios generales de 2011.
El anteproyecto de ley fue aprobado en una primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre, pero quedó paralizado en los siguientes meses. Gallardón anunció primero que el trámite parlamentario se iniciaría en julio. Después, que sería en septiembre, pero finalmente quedó en suspenso.
La dimisión de Gallardón supone la primera gran crisis de gobierno de Rajoy, que se produce en un momento clave del proceso independentista de Cataluña (noreste), cuyo Ejecutivo regional quiere celebrar un referéndum de autodeterminación el 9 de noviembre en contra del criterio del gobierno español.
El gobierno español dio a conocer el nombre del sucesor de Gallardón pocas horas después de que éste anunciara su renuncia y antes de que Rajoy iniciara por un viaje oficial a China.
Será Rafael Catalá Polo (Madrid, 1961), un nombre que no forma parte de la primera línea de la política española, si bien ha asumido numerosos puestos de responsabilidad en la administración pública en las dos últimas décadas. El último, como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento.
Parte del trabajo al que se enfrenta el nuevo ministro, que tomará posesión de su cargo la próxima semana, lo deja ya finiquitado Gallardón: en su despedida anunció que los recursos que el Ejecutivo de Rajoy presentará ante el Tribunal Constitucional contra la consulta independentista de Cataluña están ya listos.
La retirada de la reforma del aborto y la renuncia del ministro desataron hoy todo tipo de reacciones en España. Mientras los partidos de la oposición aplaudieron la marcha atrás del gobierno, los colectivos pro vida calificaron a Rajoy de «cobarde».
Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista (PSOE), el más importante de la oposición, tildó la decisión de triunfo para «la libertad de todos» y describió a Gallardón como un ministro «pésimo».
Desde la Conferencia Episcopal Española (CEE), la calificaron de «electoralista» y recordaron al gobierno español que con ella «elimina vidas humanas inocentes» y peca de «falta de coherencia».
Por Ana Lázaro Verde y Sara Barderas
