Madrid, 17 sep (EFE).- Todos los grupos de la oposición se han opuesto a que el Ejecutivo aborde ahora una reforma electoral para que gobierne la lista más votada a poco más de siete meses de las elecciones municipales y han pedido que desista de un cambio que consideran «básico» en las reglas del juego democráticas.
Aunque la moción de UPyD, que ha pactado con el PSOE y CiU, no se votará hasta mañana, todas las fuerzas políticas de la oposición han mostrado su rechazo a esta iniciativa que el Gobierno, ante la polémica suscitada, ha dejado fuera del paquete de regeneración democrática que negocia con los grupos desde la semana pasada.
La idea central de esta moción es que el Gobierno renuncie a la modificación de la ley electoral para posibilitar que sea la lista más votada la que gobierne en los ayuntamientos.
Y por una razón muy evidente, tal como ha recalcado el portavoz adjunto de UPyD y autor de esta iniciativa, Carlos Martínez Gorriarán: «para no cambiar las reglas del partido mientras se celebra el partido».
UPyD ha dejado fuera de la moción algunas de sus propuestas incluida en el texto inicial, como una reforma global de la ley para lograr un sistema electoral más proporcional y justo, con el fin de recabar así el máximo consenso contra las aspiraciones del Ejecutivo de cambiar la ley a poco más de siete meses de las municipales.
Un cambio que ni siquiera ve bien el Consejo de Europa que, en sus recomendaciones, ha explicado el «número dos» de UPyD recomienda que transcurra, al menos, un año entre la aprobación de cualquier reforma del sistema para la elección de los alcaldes y la celebración de los comicios.
Siguiendo con esos consejos europeos, la transaccional pactada también exige que cualquier reforma del régimen electoral no se aborde de forma unilateral y que cuente, como mínimo, con el mismo grado de acuerdo que obtuvo la legislación en vigor.
La socialista Susana Sumelzo ha explicado que su grupo «rechaza rotundamente» el cambio en la elección de alcaldes que pretende el Gobierno, al que ha reprochado que haya intentado «colar una reforma a la carta en un paquete de medidas de regeneración democrática».
Tras advertir de que el PSOE no va a participar en esa «propuesta trampa» y que no se «sentará a debatirla sin el consenso necesario», ha subrayado que en España los cambios en el sistema electoral «siempre han sido por consenso».
Sumelzo también ha hecho hincapié en que el sistema de elección de alcaldes no es uno de los problemas que tienen los españoles y no existe tampoco un «clamor ciudadano» para cambiar la ley, de modo que ha pedido seriedad al PP para solucionar los «verdaderos problemas de las personas».
Desde CiU, también firmante de la transaccional, Carles Páramo ha coincidido en que no es «admisible» cambiar de forma unilateral las reglas de juego «en medio de la partida», y ha planteado que, en su momento, la elección directa de alcaldes «debería de ir acompañada de la formulación de listas abiertas».
A su juicio, el PP utiliza un «lenguaje tramposo» y es «falso que promueva la elección directa de alcaldes», porque con su propuesta se continúa votando listas electorales y el poder de los partidos sigue intacto.
Por parte del PNV, su portavoz Aitor Esteban ha expresado su rechazo a un cambio en la ley de este calado cuando sólo quedan unos meses para los comicios y por el mismo motivo ha insistido en que se haga con el «máximo consenso».
El representante de la Izquierda Plural Joan Josep Nuet ha espetado a los representantes del PP que están solos con su mayoría absoluta y sus alcaldes «asustados y buscando desesperadamente soluciones con atajos no muy democráticos».
Lo que a su juicio persigue el PP es no perder el poder de los ayuntamientos, «ahora que los vientos no soplan a su favor», para mantener su cuota de poder y la «red clientelar» que ha establecido en las administraciones, como la red Gürtel en Madrid, Valencia y Palma de Mallorca.
«Los vecinos, no, pero los corruptos les aplauden hasta con las orejas», ha criticado.
El PP, por el contrario, ha justificado la necesidad de esta reforma porque el Gobierno, ha argumentado el diputado Juan Carlos Vera, lo que quiere con esta propuesta es que gobierne el alcalde más votado y no una «coalición de perdedores» con un programa electoral que los ciudadanos no conocen.
Ha recordado que en 2006 el PSOE cambio la ley electoral sin el acuerdo del PP y, además, esta reforma, que figura en el programa electoral de su partido desde 2003, ya se planteó anteriormente.
Por tanto, «convendría que no se rasgaran vestiduras mas allá de lo razonable», ha señalado Vera, que ha insistido en que hay que garantizar la transparencia en los municipios para que no sean desbancadas las mayorías por «pactos ocultos».
Otros que han respaldado la moción de UPyD han sido Alfred Bosch (ERC), que ha tachado de «escandaloso» que se trate de cambiar la ley a pocos meses de las elecciones; Pedro Quevedo, de Nueva Canaria, que ve en esta maniobra del Gobierno un «pucherazo antidemocrático»: y Joan Baldoví, de Compromìs, que ha aprovechado para atacar la ley actual porque «siempre premia a los mismos».
