Santiago de Chile, 21 ago (EFE).- Decenas de miles de estudiantes chilenos salieron hoy a protestar a las calles de Santiago y otras ciudades del país, para exigir al Gobierno que cumpla su promesa de reformar la educación para mejorar su calidad y hacerla gratuita en todos sus niveles.
Las organizaciones estudiantiles y de profesores convocaron a la marcha para que las reformas que el Gobierno ya ha ingresado al Congreso, que ponen fin al lucro, a la selección de alumnos y al copago por parte de los padres en los colegios subvencionados, no sean mediatizadas por negociaciones entre los distintos sectores políticos.
«Los proyectos de ley pueden ser letra muerta si no hay voluntad política», afirmó Melissa Sepúlveda, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech).
«Queremos demostrar que somos muchos más los que queremos cambios en la educación», agregó Naschla Aburman, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc).
Portando lienzos que llamaban a una «educación pública y no de mercado», la columna de manifestantes avanzó de forma pacífica por la Alameda, la principal avenida de Santiago, hasta pasar frente al palacio de Gobierno, La Moneda.
Los organizadores de la marcha, la quinta de este año, estimaron la cantidad de participantes en unos 80.000, mientras que la Policía dijo que no superaban los 25.000.
Como ya es habitual en este tipo de movilizaciones, al final se registraron algunos incidentes entre jóvenes encapuchados y los carabineros.
El general Alejandro Olivares señaló que la jornada se registraron 82 detenidos, de los cuales 73 fue por desórdenes simples, seis por porte de elementos incendiarios y bombas molotov, uno por porte de arma blanca y dos por daños a la propiedad.
Además, informó que dos policías resultaron lesionados, uno por una pedrada en uno de sus tobillos, mientras que otro recibió el impacto de esquirlas de vidrio en su rostro, tras lo cual fue hospitalizado y se encuentra en observación.
Olivares precisó que la mayoría de los detenidos fueron menores de edad, fijando esa cifra en un 60 %.
Los dirigentes estudiantiles, por su parte, señalaron que intensificarán sus movilizaciones callejeras, para evitar que el contenido de sus demandas se distorsione.
El martes, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que elimina el lucro, el copago y la selección de alumnos.
Pero se estima que cuando inicie su tramitación más en detalle, se le incorporen modificaciones que han planteado incluso parlamentarios del oficialista pacto Nueva Mayoría, que discrepan en aspectos como el fin al lucro en todos los establecimientos.
El proyecto plantea actualmente que aquellos colegios que obtengan aportes fiscales deberán disminuir gradualmente la financiación compartida o copago, hasta eliminarla completamente.
Además se establece que los dueños de este tipo de establecimientos no podrán retirar utilidades y deberán reinvertir sus excedentes en la misma institución, con el fin de mejorar la calidad de la enseñanza que brindan.
Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, explicó que la reforma educacional que plantea el Gobierno «es sistémica» y que «lo más importante era iniciar el proyecto que asegura la inclusión y la gratuidad y las oportunidades para todos», porque si no se cambia «este paradigma», dijo, no habrá «la calidad integral» deseada.
Ante más de 200 investigadores de todo el mundo que participaron en un Congreso Interdisciplinario de Educación, Eyzaguirre reiteró que los proyectos de ley actualmente en trámite en el Congreso son «solo el primer paso de una reforma que es completa y compleja y que abarca todos los niveles del sistema educativo y que involucra cambios profundos a nivel estructural».
El ministro destacó que «el modelo de mercado en educación no es un buen modelo».
Indicó, además, que en los próximos meses se avanzará en un plan nacional docente, para el que ya existe acuerdo en la mayoría de sus puntos con los profesores; así como en un nuevo sistema financiación y organización de la educación pública.
El Gobierno pretende recaudar, esencialmente mediante un alza de los impuestos a las grandes empresas de un 20 a un 27 %, unos 8.300 millones de dólares para solventar los cambios a la educación.
