Palma, 21 ago (EFE).- La Policía Local ha abierto 139 actas de infracción a trileros desde que entró en vigor la ordenanza para la Convivencia Cívica en la Playa de Palma el 20 de junio, 202 por consumo de alcohol en la calle y 319 a masajistas que actúan de forma irregular.
El teniente de alcalde de Turismo y Coordinación Municipal de Palma, Álvaro Gijón, ha informado hoy de los datos en una rueda de prensa sobre los dos primeros meses de la aplicación de la norma y ha asegurado que las cifras «demuestran que está funcionando».
Si del 20 de junio al 20 de julio se habían incautado 9.736 artículos de venta ambulante, entre el 21 de julio y el 20 de agosto han sido 8.063.
El incremento más relevante de denuncias afecta al trile, con 40 actas de infracción en el primer mes y 99 en el segundo durante el cual se han firmado además 8 decretos de orden de alejamiento a personas que lo ejercían, lo que permitirá hacer un seguimiento y «alejará a todos los grupos dedicados a esta actividad».
En cuanto a los masajistas, a las 170 actas abiertas en el primer mes se suman 149 en el segundo.
Según Gijón, el dinero incautado a masajistas y trileros fueron 2.500 euros el primer mes y unos 2.300 el segundo. «Se sigue actuando con el objetivo de erradicar ambas prácticas», ha subrayado.
Por consumo de alcohol en la vía pública, en el segundo mes se han abierto 117 actas frente a las 85 del primero.
Gijón ha destacado el «aumento considerable» de las multas cobradas a los extranjeros en el mismo momento de la sanción, que han pasado de 3.980 euros en el primer mes a 8.035 euros en el segundo.
El responsable municipal ha defendido que el afán de este cobro anticipado es disuasorio. Si los turistas se acogen a esta modalidad y pagan la multa en el momento, la sanción se reduce un 50 %.
La policía ha incautado más de 500 cubos en Playa de Palma, con lo que «de ser práctica habitual, el botellón en el murete ha quedado reducido a mínima expresión», ha dicho Gijón.
En cuanto a la prostitución, si antes de la entrada en vigor de la ordenanza había unas 65 personas ejerciéndola en la Playa de Palma, disminuyeron a 20 tras el primer mes. Gijón ha destacado la importancia de esta reducción porque «lo que hacían era intentar robar directamente a los turistas en estado de embriaguez».
El concejal ha detallado que en el primer mes la actuación de la Policía Local se centró principalmente en combatir el botellón en la zona e informar a los turistas de la ordenanza, en el segundo en luchar contra el trile y en adelante se encaminará a combatir la venta ambulante.
La ordenanza de convivencia se empezará a aplicar en el resto de la ciudad en septiembre, si bien Gijón ha advertido de que las infracciones en las zonas turísticas son distintas a las habituales en otros barrios de la ciudad y ha recalcado que la presión policial se mantendrá en la Playa de Palma hasta que finalice la temporada alta, en torno al 20 de octubre.
Gijón considera positivos los resultados de la ordenanza. «No es la panacea, porque no va a acabar al cien por cien con todas las infracciones y los problemas de convivencia en la ciudad, pero es útil para reducirlos y minimizarlos como se está demostrando», ha asegurado.
Sobre el posible traslado de los delincuentes a otros municipios, Gijón ha estado en contacto con los alcaldes de Calvià (Manu Onieva) y Llucmajor (Joan Jaume) y no han constatado aumentos ni de venta ambulante, ni prostitución o trileros.
Gijón se ha referido al recurso contencioso-administrativo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma contra la ordenanza, y ha señalado que es contradictorio que «reclamen insistentemente» al Ayuntamiento que actúe contra las infracciones y luego lo critiquen.
«No nos pueden pedir una cosa y la contraria, primero que actuemos y luego decir que la actuación es arbitraria», ha dicho Gijón, que ha asegurado que la Policía Local recibe más de 13.000 denuncias anuales por cuestiones incluidas en la ordenanza.
Sobre el apoyo del PSIB al recurso, Gijón ha denunciado la contradicción de que los socialistas critiquen la ordenanza en Palma y apoyen una similar aprobada en Esporles.
«La ordenanza no es un invento del PP, está copiada en 90 % de la que elaboró la Federación Española de Municipios en 2009, cuando la presidía un alcalde socialista», ha afirmado.
