Madrid, 18 ago (EFE).- La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Hacienda que adapte el IBI de terrenos sin urbanizar a la sentencia del Supremo que estima si un suelo está calificado como urbanizado pero no tiene esas características deberá tributar como suelo rústico.
Según una nota de prensa de esta institución, la Defensora del Pueblo ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va adaptar los datos y valores catastrales al suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014.
La sentencia del Supremo coincide con el criterio del Defensor del Pueblo que, en su informe monográfico «La realidad catastral en España» publicado en 2012, ya señalaba la necesidad de acomodar la valoración catastral al principio de capacidad económica real.
Según la nota de prensa, «valorar con fines tributarios un inmueble por encima de su valor de mercado supone «gravar una riqueza ficticia o inexistente».
