Montevideo, 13 ago (EFE).- El Atlántico Sur necesita una mayor protección para paliar la actividad pesquera ilegal de especies como el atún, el calamar o la merluza negra, según ha avisado la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) uruguaya.
La autoridad pesquera uruguaya ha denegado la solicitud de descarga del buque surcoreano Insung 7, el cual transportaba alrededor de 120 toneladas de merluza negra (Dissostichus eleginoides).
Esta especie, también conocida como bacalao de profundidad, cuenta con un alto valor pesquero y su captura está sujeta a protecciones como la de la Comisión para la Regulación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA).
El director de DINARA, Daniel Gilardoni, ha incidido, en declaraciones a Efe, en que el buque no contaba con la documentación necesaria para acreditar que esa captura sea legal, de ahí que se rechazara su petición de descarga.
Durante su estancia en la capital uruguaya, la nave fue abordada por activistas de la organización conservacionista Greenpeace, quienes le colgaron una pancarta acusándole de pesca ilegal.
Dicha entidad denunció hace unas semanas que este barco ha recalado en los últimos meses hasta 11 veces de forma ilegal en el mar argentino; y recordó que en 2011 fue denunciado por multiplicar por cuatro el número de capturas permitidas en aguas antárticas.
Gilardoni ha asegurado que especies como la merluza, el atún o el calamar son objeto de pesca ilegal en unas aguas que se encuentran más desprotegidas que las de la de otras regiones oceánicas.
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) vela para evitar la sobrepesca de estas especies, pero los controles que establece en la zona suroriental de este océano son más débiles que en otras regiones, «reforzadas por otros organismos», lo que ha provocado la presencia de pesqueros ilegales, ha manifestado el director de DINARA.
Hace unos meses, llegó al puerto de Montevideo uno de estos buques, de bandera Indonesia, el cual se detectó que «blanqueaba» su pesca de forma ilegal, es decir, no estaba preparado para esta actividad, pero recibía transbordos de otros buques y los declaraba como propios.
Gilardoni ha asegurado que el puerto de la capital uruguaya cuenta con los recursos suficientes para la detección de este tipo de prácticas que, según ha denunciado Greenpeace, realizan alrededor de 200 barcos en estas aguas.
