Asunción, 9 ago (EFE).- La lucha de Lucía Sandoval, víctima de malos tratos y encarcelada tras ser acusada por la Fiscalía de matar a su marido, se ha convertido en un emblema por los derechos de las mujeres en Paraguay, donde las ONG denuncian que la ineficacia de la Justicia la mantiene presa sin condena desde hace más de tres años.
«Quiero ver a mis hijos, quiero recuperar mi vida, quiero trabajar», dice a Efe Sandoval en la prisión del Buen Pastor de Asunción, donde está retenida sin condena desde hace tres años y medio acusada de un crimen que asegura que no ha cometido.
Según su relato, su marido la esperaba escondido en casa aquel fatídico 11 de febrero de 2011, borracho y con un arma de fuego, dispuesto a vengarse después de que un juzgado emitiera una orden de alejamiento por los reiterados malos tratos a los que sometía a Lucía y sus hijos.
Lucía entró en la casa, el niño de 3 años y la niña de 8 estaban de vacaciones, cenaron y los llevó a acostar.
«Cuando entré en la cocina, ahí estaba con un arma. Dijo que no se iba por nada del mundo, que primero me iba a matar», recuerda Sandoval sentada en el despacho de la directora del penal, donde, como ella, otras 325 mujeres están presas sin condena, debido a los retrasos y fallos del sistema judicial paraguayo.
Solo 144 de las 470 internas del Buen Pastor están condenadas, según datos ofrecidos a Efe por el penal.
«Empezamos a forcejear en la cocina, yo le intenté quitar el arma, me empuja y me caigo. Cuando me estoy levantando, él descerraja el arma, forcejeamos muy cerca; en ese contexto hubo un disparo y justo le da a él en el pecho», explica Sandoval.
«Yo misma me asusté, le intenté auxiliar, le puse la mano para tapar la sangre, ahí mis hijos se despiertan, vieron la escena, pero no el momento» de los hechos, añade.
Sandoval pidió socorro a sus vecinos, que la ayudaron a montar en su vehículo al hombre herido.
«Yo lo llevo al hospital manejando, no sé ni cómo, y por el camino ya él fallece», agrega Sandoval, quien señala que los médicos dijeron que la muerte se precipitó a causa del alcohol.
Ella fue detenida ese mismo día y nunca más volvió a tener contacto con sus hijos ni a pisar su casa.
Acusada de homicidio doloso por la Fiscalía, comenzó a esperar un juicio que ha tardado en llegar más de tres años.
Amnistía Internacional, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) denuncian que el primer fallo del sistema judicial fue que las medidas de protección que le correspondían a Sandoval no se aplicaron.
El juzgado entregó la orden a Sandoval, en lugar de enviar la notificación a la Policía para que se la dieran al marido.
«Él se enojó más. Esto se podría haber evitado, yo no debería estar aquí y mi marido no debería haber muerto si se hubiera hecho bien el procedimiento», opina.
Decidida a demostrar su inocencia, Sandoval comenzó a estudiar derecho en la cárcel, donde es directora de la biblioteca y alabada por las funcionarias del centro por su buen comportamiento.
Cladem y CDD le prestaron asesoramiento para empezar a mover su caso en el lento sistema judicial paraguayo.
Sandoval denuncia que los abuelos paternos de sus hijos «se han apoderado» de ellos y no le han permitido volver a verlos.
«A mi hija la metieron en la cámara Gesell (habitación de dos ambientes separados por un cristal para la observación de personas) y dijo: ‘Mi mamá le disparo a mi papá por la espalda’. Y en eso se sostiene la acusación de la Fiscalía y eso que sus propios forenses dijeron que el disparo fue por delante y lo ratificaron en el juicio», indica.
La primera vez que fue citada por un tribunal fue en diciembre de 2013, dos años y medio después de ser privada de libertad, pero se aplazó el proceso por «carga de trabajo».
La audiencia se fijó para seis meses después, pero la jueza de turno decidió inhibirse del caso ese mismo día, por lo que volvió a suspenderse el proceso y Sandoval debió esperar hasta el 23 de julio de este año para ver comenzar su anhelado juicio.
Para sorpresa de la defensa y de las ONG que apoyan a Sandoval, la fiscal María José Pérez decidió hace dos semanas recusar a los tres miembros de la corte por «parcialidad manifiesta», cuando era un tribunal nuevo y nunca se había pronunciado sobre el caso.
Finalmente, el 7 de agosto, el proceso se reanudó para escuchar testimonios y continuará el martes para los alegatos finales.
«Estamos seguras de que la sentencia que conquistemos va a dejar un precedente muy importante para que se haga justicia en los casos de víctimas de violencia que acuden al sistema de justicia», afirma Cladem, que denuncia que la acusación de la Fiscalía no tiene en cuenta los antecedentes de años de violencia alegados por la víctima.
Santi Carneri
