Madrid, 18 jul (EFE).- El Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que una ciudadana, que participó en las manifestaciones contra los recortes del pasado 22 de marzo en Madrid, presentó contra Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, por vulnerar el derecho a la manifestación.
Isabel G.F. decía en su denuncia que «el 22 de marzo de 2014, a las 20.45 horas hubo cargas policiales en plena manifestación cuando todavía no había terminado, ya que estaba convocada legalmente hasta las 21.00 horas. Vi cómo pegaron con porras a manifestantes y cómo tiraron pelotas de goma y dañaron a la gente».
El Supremo asumió la competencia sobre el asunto pero archiva la denuncia porque, según dice en un auto divulgado hoy, «los hechos contenidos en la denuncia» que «escuetamente relata que hubo cargas policiales cuando la manifestación no había terminado», «no son constitutivos de ilícito penal alguno».
La «lacónica» denuncia se limita a describir lo que por otra parte «es público y notorio», añade el tribunal, «que no ha transcurrido de forma pacifica, sin aportar algún principio de prueba sobre la imputación que efectúa al Sr. Ministro del Interior».
La denuncia se presentó por una posible comisión del delito previsto para castigar a la autoridad o funcionario que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos permitidos por las leyes.
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, relevó al jefe de la primera Unidad de Intervención Policial (UIP) de Madrid, Javier Virseda, por los fallos de coordinación en la ejecución del dispositivo policial organizado con motivo de las ‘Marchas de la Dignidad’ del 22 de marzo en la capital, que terminaron con incidentes que acabaron con 67 policías y 34 manifestantes heridos.
Según Cosidó, el dispositivo fue perfectamente diseñado «correcto» y «acertado», con un total de 1.512 agentes de las UIP y 167 de las UPR, pero la información reservada abierta detectó fallos de coordinación y de comunicación.
