Valencia, 26 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos miembros de la empresa pública de la Generalitat Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos SA (Vaersa), entre ellos el actual director, Enrique Simó Arnau, en unas diligencias judiciales que han sido declaradas secretas.
Según han confirmado a EFE fuentes policiales, los dos detenidos de esta empresa que presta servicios relacionados con la gestión medioambiental han pasado ya a disposición judicial.
El vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, ha explicado a los periodistas en los pasillos de Les Corts Valencianes que el director de Vaersa fue puesto en libertad anoche y que tiene que comparecer hoy ante el juez, y ha manifestado que al Gobierno valenciano no se le han comunicado las razones de las detenciones.
La Fiscalía de Valencia tiene abiertas investigaciones a raíz de tres denuncias presentadas por el sindicato CGT en los últimos meses, referidas al pago de productividad a directivos de Vaersa, al pago de servicios de asesoría jurídica, y a la compra de todoterrenos sin concurso público.
La denuncia más reciente se refiere a la compra de 65 vehículos todoterreno por 1,4 millones de euros, y conllevó que el pasado 9 de junio la policía judicial se personara en la empresa pública para recabar información, explicó en Les Corts la consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig.
La consellera señaló entonces que esa investigación no suponía que existiera «una responsabilidad penal, una prevaricación, corrupción o cohecho».
La Fiscalía también investiga a los gestores de Vaersa a raíz de la denuncia de CGT de que se contrataron «a dedo» servicios de asesoría jurídica por un importe total de «1.974.964 euros».
Esta denuncia venía precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por CGT, cuya instrucción culminó con la demanda de procedimiento de reintegro interpuesta por el Ministerio Fiscal contra tres gestores de esta empresa pública.
Esos directivos de Vaersa son, según el sindicato, Anna Bayarri Llorens (exjefa de Recursos Humanos), Felipe Espinosa Bolaños (ex director general) y Enrique Simó Arnau (actual director general), para los que pide su condena, «como responsables contables directos, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos».
La tercera denuncia se refiere al pago de cerca de alrededor de 1,9 millones de euros de productividad a los directivos de la empresa pública Vaersa entre 2006 y 2011.
Por su parte, el sindicato FSP-UGT presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posibles sobrecostes en la gestión de la empresa pública.
