Madrid, 23 jun (EFE).- El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha mostrado hoy su disposición a estudiar una posible reforma del anteproyecto de Código Mercantil para ampliar en este ámbito la posibilidad de que las empresas recurran a arbitrajes para resolver conflictos como alternativa a los procesos judiciales.
Alberto Ruiz-Gallardón ha planteado esta posibilidad durante su discurso de inauguración del IX Congreso del Club Español de Arbitraje.
Lo ha hecho en respuesta a lo manifestado por el presidente del club, David Arias, que ha advertido de que el citado anteproyecto impide a las empresas que acudan al arbitraje como sistema para resolver sus disputas internas.
El ministro ha asegurado que al Gobierno le guía que el ordenamiento jurídico esté basado en la autonomía de la voluntad y ha reconocido que este asunto fue objeto de debate en el seno de la Comisión General de Codificación ya que hay discrepancias doctrinales.
No obstante, ha explicado que los anteproyectos están precisamente para abrir debates y para que el Gobierno escuche a los implicados para mejorar el texto legal.
De toda formas ha indicado que el Código Mercantil hay que reformarlo para adaptarlo a la sociedad actual ya que data de hace 130 años y ha asegurado: «Me comprometo a una reflexión interna en el Ministerio» sobre lo planteado por el presidente del Club Español del Arbitraje.
Ruiz-Gallardón ha expresado el compromiso del Gobierno a seguir apoyando el arbitraje ya que a su juicio responde a las necesidades de la España del siglo XXI de una resolución de conflictos rápida, ágil, especializada y equilibrada.
Se ha mostrado convencido de que el cuerpo doctrinal del arbitraje terminará jugando un papel semejante al de la jurisprudencia y que la consolidación y generalización del sistema arbitral y de la mediación aligerará la carga excesiva de trabajo de los juzgados y tribunales.
El ministro ha dicho que ahora el reto es animar a los ciudadanos a que recurran a esta alternativa a la justicia, ya que a su juicio hay profesionales de calidad acreditada para llevarla a cabo y además ha advertido de que hay que impulsarla antes de que sea una necesidad legal impuesta por la Unión Europea.
