Madrid, 20 may (dpa) – Baltasar Garzón fue hoy muy claro en el inicio del congreso sobre Justicia Universal que organiza en Madrid cuando España acaba de recortar ese principio: «Espero que cuanto antes esta situación se recomponga y estemos donde estábamos antes».
El ex juez instó al gobierno de Mariano Rajoy a dar marcha atrás en la limitación de un principio que convirtió a España en modelo a seguir en la persecución de genocidas y criminales que atentaron contra la humanidad cuando sus países no los perseguían.
«Si antes se nos respetaba en el mundo, hoy ya no», dijo Garzón, que en 1998 abrió el camino ahora interrumpido por la reforma legal con el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet.
«Yo le pediría al gobierno que rectifique, piense y que tome medidas», dijo. «España está incumpliendo en este momento los convenios internacionales de los que forma parte».
«Hay crímenes que nunca se pueden tolerar porque amenazan a todas las personas donde quiera que se encuentren», defendió el único fiscal vivo de los juicios de Nuremberg, el estadounidense Benjamin B. Ferencz, en la inauguración de una cita en la que participa medio centenar de expertos de 15 países.
La fundación de Garzón, FIBGAR, reúne hasta el viernes a medio centenar de jueces, fiscales y otros expertos en torno al tema «Jurisdicción Universal en el siglo XXI». Entre su objetivos está el de proponer principios nuevos y actualizados de la jurisdicción universal, un trabajo que se presentará el viernes.
La cita tiene lugar apenas dos meses después de que entrara en vigor la reforma de la Justicia Universal que el Partido Popular (PP) de Rajoy impuso en el Parlamento con la oposición del resto de los partidos ante la presión de China por la investigación por genocido en el Tíbet contra el ex presidente Jiang Zemin.
El Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición española, anunció hoy que la recurrirá al Tribunal Constitucional. «Lo que se ha producido no es una limitación, lo que se ha producido es una eliminación de la jurisdicción universal en nuestro país», dijo la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
La nueva ley no solo dejó casi en papel mojado el principio de Justicia Universal al condicionar las investigaciones a que víctimas y responsables sean españoles (o extranjeros residentes en España en el caso de los resposables), sino que está propiciando la excarcelación de presuntos narcotraficantes capturados en aguas internacionales, algo más de 40 hasta el momento.
La ley obliga de hecho a los jueces de la Audiencia Nacional a archivar la decena de causas que tienen abiertas, aunque los magistrados se agarran a resquicios legales para no archivarlas.
Hoy volvió a hacerlo el juez Santiago Pedraz, que se negó a cerrar sus investigaciones por el genocidio maya en Guatemala denunciado por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y por el asalto a la embajada española en 1980. Para ello calificó los hechos de terrorismo, el único caso junto a la trata de seres humanos en el que basta con que haya una víctima española para actuar.
«No puede hacer otra cosa», le apoyó Garzón. «La investigación tiene que mantenerse porque si no sería quebrantar los tratados internacionales».
El principio de la Justicia Universal es una herramienta de combate contra la impunidad de los criminales y de búsqueda de justicia para las víctimas, defendieron hoy los expertos.
«No debe haber un solo espacio en el que un dictador, un violador de derechos humanos se encuentre a salvo», reclamó la fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado, quien en su día formuló la acusación contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo.
El ex marino fue condenado a 1.084 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina (1976-1983) en un proceso en España que se basó en el principio de la Justicia Universal.
Por Sara Barderas
