Guatemala, 16 may (EFE).- Decenas de guatemaltecos en favor de los derechos humanos se manifestaron hoy frente al Parlamento en contra de un punto resolutivo que declaró como «jurídicamente inviable» el delito de genocidio durante la guerra civil que azotó al país centroamericano entre 1960 y 1996.
Los manifestantes expresaron su descontento por la resolución no vinculante aprobada el martes pasado por el Congreso de Guatemala, que se refiere al genocidio durante el conflicto armado interno.
El punto resolutivo fue propuesto por el Partido Republicano Institucional (PRI), anteriormente conocido como Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que originalmente fue fundado por el exmilitar golpista Efraín Ríos Montt, quien es acusado y procesado actualmente por genocidio.
Los inconformes, quienes afirman que sí hubo genocidio, pegaron carteles en la pared del Congreso con los rostros de algunas de las víctimas de la guerra civil que afrontó el país centroamericano y que dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos, de acuerdo a datos oficiales.
Ríos Montt fue declarado culpable del delito de genocidio en mayo de 2013 por el asesinato de 1.771 indígenas de la etnia ixil, en el departamento noroccidental del Quiché entre en 1982 y 1983, durante su régimen de facto en Guatemala en plena guerra civil.
La justicia lo condenó a 80 años de prisión, pero diez días después la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima entidad constitucional del país, anuló la sentencia y ordenó que se repitiera una parte del juicio.
El proceso judicial contra Ríos Montt está programado para enero de 2015, pero antes podría resolverse una solicitud de amnistía solicitada por el ex general.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acusó ayer en París a diputados guatemaltecos de injerencia en la justicia al votar la resolución que insta a los magistrados a no condenar a los acusados de genocidio.
«La FIDH denuncia esta votación al considerar que viola el principio democrático de independencia de la justicia», señaló la organización en un comunicado.
La organización defensora de los derechos humanos opinó que la iniciativa «supone una injerencia en la manera como debe juzgar el organismo judicial».
«La justicia está para sancionar a los responsables de crímenes y no para servir a los intereses de aquellos que en nombre de la paz quieren establecer la impunidad», agregó.
