Oviedo, 25 abr (EFE).- El Parlamento asturiano ha aprobado hoy, con la oposición del PSOE, una propuesta de IU que insta al Gobierno asturiano a que luche contra la pobreza energética con la puesta en marcha de un bono social no inferior a 30 euros para los perceptores del salario social destinado a financiar los suministros básicos del hogar.
En la iniciativa se plantea además la puesta en marcha de una línea específica de ayuda para el resto de la población que no puede hacer frente a los gastos de este capítulo.
Esta iniciativa incluye también una demanda de regulación nacional para regular los suministros básicos, estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad para las familias con bajos ingresos y que impidan el corte de suministros, punto que sí contó con el apoyo de los socialistas y con la oposición de los populares.
Según la diputada de IU Marta Pulgar, unos 65.000 asturianos no pueden tener una temperatura adecuada en su casa, en un momento en que hay una bajada de salarios y pensiones.
La proposición no de ley de IU también insta al Consejo de Gobierno asturiano a que se dirija al nacional para que impulse una normativa que permita prevenir la pobreza energética, que regule el sistema de suministros básicos del hogar para incluir un mecanismo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente.
El parlamento también aprobó por unanimidad parte de otra proposición no de ley presentada por UPyD en la que se pide al Ejecutivo asturiano que incorpore la lucha contra la pobreza energética entre los objetivos estratégicos de su política social, así como entre las líneas de actuación del próximo plan autonómico de inclusión social.
Además, plantea que se adopten las medidas necesarias para impulsar acuerdos con los operadores privados para que éstos no interrumpan el servicio por retrasos o impagos durante los meses de invierno en el caso de consumidores considerados como vulnerables.
Con la oposición del PP, también se acordó pedir al Gobierno central que incorpore la lucha contra la pobreza energética como una prioridad y que regule un sistema de acceso mínimo garantizado al gas y la electricidad para todos los hogares con poder adquisitivo reducido y especialmente para las familias en riesgo de exclusión.
