Santiago de Compostela, 25 abr (EFE).- El grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE) cree que el Parlamento está «obligado» a crear una comisión de investigación sobre las causas del accidente ferroviario del 24 de julio de 2013 toda vez que un perito ha señalado en un informe pericial como causa la falta de seguridad.
El ingeniero de Telecomunicaciones César Mariñas Dávila, uno de los tres peritos designados por el juez Luis Aláez para elaborar un informe sobre el siniestro del Alvia, ha señalado en un dictamen que no se hubiese producido un descarrilamiento en condiciones seguras.
En las conclusiones preliminares de este primer análisis, este especialista apunta como error la modificación del proyecto original decidida en 2010 puesto que el «escenario más seguro» era el contemplado en el plan inicial para la línea entre Santiago y Ourense, en el que el sistema ERTMS llegaba hasta la estación compostelana.
La autorización para operar en ASFA en una parte del trayecto supuso que quedase sin la mayor protección la curva en la que se produjo el siniestro, a la altura del barrio de Angrois, cuando de haberse desplegado la infraestructura ERTMS el impacto mortal del convoy no se hubiese dado, puesto que este sistema, el más seguro, habría frenado el tren.
AGE, en un comunicado, considera equivocada por tanto la decisión de cambiar el modelo original en julio de 2010 puesto que, de contar con el sistema de control constante de velocidad (ERTMS) como estaba previsto en un principio, la tragedia «no habría ocurrido, tal y como el propio experto señala en su informe».
Este documento corrobora las denuncias de AGE, entiende esta organización política, y por ello se «hace más necesaria que nunca» la creación de una comisión de investigación ya que los poderes públicos quedan obligados a investigar las causas y a depurar las responsabilidades al más alto nivel.
Es decir, en el lugar «en el que se tomó la decisión del cambio» de proyecto así como la de la posterior desconexión del sistema ERTMS «sin disponer de las medidas adicionales que evitaran un accidente por exceso de velocidad».
Lo ocurrido, señala el diputado Antón Sánchez en esta nota, «desgraciadamente no tiene vuelta atrás, pero es una obligación legal, ética y de compromiso público que por parte de las instituciones se proceda a realizar todas cuantas medidas, actividades y actuaciones puedan contribuir a evitar que accidentes de esta naturaleza se puedan reproducir en el futuro».
Esta coalición entiende que, lejos de lo que defiende el PP para justificar su oposición a la creación de esta comisión de investigación, tal labor sería perfectamente «compatible» con la que «pueden y deben» desarrollar tanto la administración ferroviaria como aquella que sea objeto del procedimiento penal en curso.
El maquinista de ese Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol, Francisco José Garzón Amo, es en este momento el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.
El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente.
No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es «prematura y carente de base suficiente».
El juez instructor Luis Aláez ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.
