El Gobierno de Asturias retira la ley de exclusividad de los médicos al carecer de apoyos

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palamento_20130913133437_8001Oviedo, 19 abr (EFE).- El Gobierno regional ha decidido retirar el proyecto de ley para regular la renuncia a la dedicación exclusiva del personal sanitario, fundamentalmente médicos, al constatar que carece de apoyo parlamentario para su aprobación.

Según ha informado la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras constatar que UPyD ha decidido presentar una enmienda de totalidad a la ley que se suma a la ya registrada por el grupo parlamentario de Foro y a la oposición mostrada por el PP.

La Consejería asegura que su propuesta se ajusta «en todos sus términos» a lo acordado tanto con IU -que mantiene su apoyo al texto- como con UPyD -que rompió su pacto de legislatura con el PSOE- por lo que considera que la decisión de este partido «parece responder a intereses no explícitos».

Además, Sanidad reitera la necesidad de regular la renuncia a la dedicación exclusiva por parte del personal del Servicio de Salud (SESPA) como forma de solventar las disfuncionalidades que acarrea «la ocupación de un puesto de trabajo en el sector público con el ejercicio de otra actividad en determinados cargos».

Según Sanidad, el texto pretendía hacer compatible el derecho de los profesionales a elegir libremente su modo de vinculación a la sanidad pública y «el de los ciudadanos a disponer de una atención sanitaria de calidad».

El proyecto afectaba únicamente a los responsables que voluntariamente quisieran acceder a cargos en los que han de tener una dedicación más completa, «ajena a posibles conflictos de intereses, tal como ocurre en todas las empresas cuyo principal activo es el conocimiento».

Esta exclusividad facilita, a juicio de la Consejería, la protección de los intereses de la ciudadanía en los servicios públicos que financia, al tiempo que se preserva mejor la propiedad intelectual desarrollada por la formación, la promoción del conocimiento clínico dentro de la organización, el fomento de la investigación aplicada y el despliegue tecnológico.

El Gobierno elaboró la ley tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional que todo el conjunto del personal facultativo del Sespa percibiera de forma obligatoria un complemento por prestar una dedicación profesional en exclusiva.