Oviedo, 15 abr (EFE).- Veinte de los treinta y cuatro ayuntamientos asturianos que cuentan con escuelas infantiles de 0 a 3 años han dado ya el visto bueno a la propuesta del Gobierno regional para constituir un consorcio que gestione estos centros.
Estos datos han sido facilitados hoy por la consejera de Educación, Ana González, durante su comparecencia ante la Junta General para responder a varias preguntas de la oposición, entre ellas una del diputado de Foro Manuel Peña relativa a la puesta en marcha de dicho consorcio para gestionar estas escuelas.
González ha admitido «cierto retraso» en la puesta en marcha del consorcio después de que el Principado optara por esperar la decisión de otras comunidades autónomas para resolver la situación de estos centros dado que, con la entrada en vigor de la reforma local, se retirarán las competencias educativas a los ayuntamientos.
Según la consejera, Asturias es «de las pocas comunidades» que siguen apostando por mantener esta red de centros en el ámbito público y la fórmula del consorcio permitiría además mantener tanto el empleo que generan actualmente como al personal que está desempeñando su tarea en dichos colegios.
Para la titular de Educación, la opción del consorcio «es la mejor opción» dado que la Federación Asturiana de Concejos (FACC) considera necesario que los ayuntamientos sigan participando en la gestión de los centros y que de esta forma se garantizaría la estabilidad en las plantillas mientras que, de asumir la gestión directa la Consejería, sería necesario convocar oposiciones.
La tercera posibilidad, ha apuntado, sería la delegación de competencias en los ayuntamientos, pero ha recordado que sólo podría darse en los casos en los que las corporaciones locales cumpliesen con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, una circunstancia que no se producía en 2012 en 40 de los 78 concejos de la región.
Para el diputado de Foro, el proceso de puesta en marcha del consorcio se está llevando a cabo «muy lentamente» lo que genera incertidumbre entre el colectivo de docentes de estos centros ante la entrada en vigor de la reforma local y la retirada de las competencias educativas a los ayuntamientos.
Peña ha advertido de la «anómala e irregular» situación de estos educadores que vienen trabajando en situaciones distintas en función de los distintos ayuntamientos de forma que perciben salarios distintos y tienen incluso un número diferente de alumnos por clase.
