Oviedo, 31 mar (EFE).- El presidente del Principado, Javier Fernández, responderá en el pleno que celebrará el viernes la Junta General del Principado a varias preguntas de la oposición sobre las políticas de I+D+I o las inversiones contempladas en el acuerdo de concertación regional.
Los cuatro grupos de oposición en el Parlamento asturiano -Foro, PP, IU y UPyD- habían registrado estas preguntas para que fueran contestadas en el pleno celebrado el pasado día 14 pero la enfermedad del jefe del Ejecutivo autonómico, que sufrió angina de pecho, provocó que no se pudieran realizar.
Desde Foro Asturias, su portavoz, Francisco Álvarez-Cascos, había decidido preguntar al presidente regional si tiene alguna evaluación realizada por los servicios de la administración regional que permita cuantificar el nivel suficiente de cobertura en Asturias de los servicios públicos fundamentales del Estado de Bienestar, para negociar con el Gobierno de España un nivel estándar de calidad.
No obstante, fuentes del partido no han confirmado que se vaya a mantener la pregunta en los mismos términos en la sesión del próximo viernes.
Sí lo hará la portavoz del PP, Mercedes Fernández, que pedirá al jefe del Ejecutivo que detalle la estrategia que tiene el gobierno asturiano para la aplicación de las políticas de I+D+I.
Desde IU, su portavoz, Ángel González, quiere que Fernández explique cómo va a garantizar en el plazo previsto el cumplimiento de las inversiones comprometidas en el actual acuerdo de concertación.
En la pregunta formulada por el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, se pide a Fernández que informe sobre qué medidas han sido adoptadas por el Consejo de Gobierno para cumplir con las propuestas de actuación planteadas en el dictamen de la comisión Marea.
Además, durante el desarrollo del pleno que comenzará el próximo jueves, el PP presentará una iniciativa para que la Administración regional cuente con un instrumento de mayor control para la detección irregularidades.
UPyD instará a la modificación de la Ley de la Sindicatura para dotar a esta entidad de la posibilidad de aplicar sanciones a aquellos responsables de entidades de la administración pública que no presenten las cuentas en su plazo.