Valladolid, 28 mar (EFE).- Castilla y León recibe unos 650 millones de euros al año menos con el actual modelo de financiación, el de 2009, que con el de 2001, según ha cifrado hoy la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo.
Así lo ha explicado la consejera en declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro sobre financiación autonómica organizado por el Club de Prensa Diario El Mundo de Castilla y León.
La consejera de Hacienda ha insistido en que la financiación per cápita es «totalmente injusta y simple», ya que no tiene en cuenta el mayor coste que supone prestar los servicios en un territorio extenso, con población dispersa y envejecida.
Del Olmo, que clausurará hoy este foro, ha sostenido que todavía no ha habido ningún elemento sustancial que defina por dónde va a ir la financiación en el próximo periodo, y ha recalcado que el hecho de que en Castilla y León cueste más prestar los servicios no es algo «intuitivo», hay «datos más que sobrados que constatan que eso es así».
«Cuando no hay financiación no hay autonomía», ha sostenido la consejera de Hacienda sobre la importancia de esta cuestión, actualmente sobre la mesa con una evaluación inicial del actual modelo, ya que de ella dependen los servicios que se prestan a los ciudadanos y su calidad.
En una Comunidad con 2.248 municipios, con el 50 por ciento de los de menos de 500 habitantes de España, un 22 por ciento de habitantes mayores de 65 años cuesta más «prestar los servicios», ya que la asistencia sanitaria a un mayor de 75 cuesta cinco veces más que la de a uno menor de 40 años.
Con el cinco por ciento de la población nacional Castilla y León tiene el ocho por ciento de la población española que requiere servicios sociales; y más del cincuenta por ciento de sus niños vive en el medio rural, cuando una plaza escolar cuesta el doble en este entorno que en el urbano.
A juicio de la consejera de Hacienda hay que «aprovechar» para que sea «un modelo distinto», no sólo «condicionado por la política», que «también es importante, ya que al final es un acuerdo y una negociación política», pero que «sea un modelo condicionado por multitud de datos que existen».
Y esos datos «demuestran cuánto cuesta en cada sitio los servicios», ya que «al final lo que más importa es que las personas accedan a los servicios públicos en condiciones de igualdad y eso no lo mide la financiación per cápita», ha advertido.
La Junta ya ha envidado la valoración del modelo actual y ha recibido los informes del resto para que cada una pueda remitir las observaciones correspondientes al Ministerio, aunque todavía no hay fecha para el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
A su juicio, el nuevo modelo «debe hacerse sin prisas y no para acallar a los nacionalistas».
En ese sentido, para Del Olmo sería «un error» volver a hacer un modelo de financiación porque Cataluña reivindica más fondos, y «entiende» que si el Gobierno «ofrece más fondos» a esa Comunidad es porque habrá más para todas.
El foro ha tenido como protagonista al experto en financiación autonómica y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio, y ha arrancado con una breve intervención del presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales, Manuel Ballesteros.
Monasterio ha valorado un modelo de «café para todos», preferible a «tortilla para unos y caviar para otros», que no mire al pasado sino al futuro, que evite ir hacia atrás o en dirección equivocada, y ha sostenido que ni las balanzas fiscales ni el principio de ordinalidad son cosas del sistema de financiación.
Ha optado por una financiación por habitante ajustada frente a la per cápita, con «fondos adicionales» e «incentivos positivos», ya que «no puede ser que los incumplidores reciban ventajas».
Por su parte, el presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales, ha defendido la solvencia, liquidez, eficiencia y profesionalidad de estas entidades, preparadas para los nuevos retos y proyectos de la Comunidad.
También han participado en el foro la jefa de opinión de El Mundo, Lucía Méndez, el exsecretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granado y el exsecretario general de CCOO José María Fidalgo.
