La Junta pide al Gobierno que aclare el proceso de venta y el ERE de SEDES

Contenidos

palamento_20130913133437_8001Oviedo, 28 mar (EFE).- El parlamento asturiano ha aprobado hoy con los votos del PP, Foro, IU y UPyD una iniciativa en la que se pide al Gobierno que en el plazo de 15 días aclare en qué situación se encuentra el proceso de venta de la constructora pública SEDES y el expediente de regulación de empleo (ERE) al que se ha sometido a la plantilla.

La primera subasta para la venta de esta sociedad, celebrada el pasado 14 de febrero con un precio de licitación de 4,9 millones por las acciones controladas por el Ejecutivo regional, quedó desierta.

En medio de este proceso, se presentó un segundo ERE en el que se plantea el despido de 38 de sus 59 trabajadores de plantilla y la regulación temporal de otros seis, con lo que la sociedad podría quedarse ahora con 15 trabajadores.

Ante esta situación, el pleno celebrado hoy en la Junta General del Principado ha aprobado una moción del PP, enmendada por IU, en la que se pide al Gobierno un cronograma, actuaciones y plazos previstos en el proceso de enajenación de Sedes, así como una relación de actuaciones seguidas en cuanto al segundo ERE.

A propuesta de IU, se incluyó un tercer apartado en el que se insta al Consejo de Gobierno a cumplir en todos los términos la ley de reestructuración del sector público autonómico de mayo de 2013, en el que se preveía la enajenación de SEDES con la plantilla que tenía en esos momentos.

El Principado cuenta con una participación directa e indirecta del 60 por ciento en SEDES, sociedad constituida en 1947 en la que Cajastur posee casi el 40 por ciento.

Durante el debate, el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, ha justificado su posición en contra de la iniciativa popular porque si se retira el ERE que pesa sobre la empresa, ésta estaría abocada a su cierre.

Para Lastra, una cosa es pedir información sobre lo que se está haciendo para la enajenación y reestructuración de SEDES, y otra muy distinta pedir que se retire el ERE porque «conllevaría la liquidación de la empresa en un mes».

El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons ha afirmado que el Gobierno mantiene una «doble moral» al justificar la regulación en sus empresas públicas y criticar las de otras, y ha incidido en que en este caso favorece a los trabajadores «afines» y que se desconoce por qué se ha aplicado en medio del proceso de enajenación al que está sujeta.

«Es verdaderamente gordo tener que venir a la Cámara a que se cumpla una ley», ha afirmado hoy el portavoz de IU, Ángel González, tras recordar que en esa ley se pedía que la plantilla de SEDES se salvaguardase en el proceso de enajenación de la constructora.

En su opinión, el Gobierno debería actuar de forma distinta ante estos trabajadores y no hacer en este caso lo que reprocha a otros.

Desde Foro, José Antonio Martínez, también ha apoyado la iniciativa del PP tras destacar que lo importante es el fondo de la cuestión, mientras que el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, ha asegurado que lo que importa es que SEDES se venda bien y a un buen precio, en un proceso transparente en el que se respeten los derechos de sus trabajadores.

La venta de la constructora pública SEDES estará condicionada por las últimas decisiones empresariales adoptadas como la aplicación de un expediente de regulación de empleo planteado para 44 de sus 59 trabajadores, según aseguró hace una semana la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo.