Washington, 24 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió hoy medidas cautelares al asambleísta opositor Cléver Jiménez y otros dos ecuatorianos condenados a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel por injurias al presidente de Ecuador, Rafael Correa.
En una resolución, la CIDH pide al Estado de Ecuador «suspender la ejecución de la sentencia de Casación» emitida el pasado 14 de enero por la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana contra Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, Carlos Figueroa.
La Comisión justifica su decisión «por el daño grave e irreparable que el proceso en sí mismo y la posterior sentencia tendrán en sus derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, derechos políticos y libertad de expresión».
Los tres ecuatorianos fueron denunciados por Correa por unas acusaciones que le hicieron en relación con los hechos del 30 de septiembre de 2010, cuando el mandatario estuvo retenido varias horas en un hospital de Quito durante una revuelta policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.
Jiménez y Villavicencio fueron condenados a un año y medio de prisión cada uno, y Figueroa a seis meses de prisión, penas que fueron ratificadas el pasado viernes por la jueza Lucy Blacio y emitió órdenes de encarcelamiento contra los tres.
«La Comisión solicita al Estado de Ecuador que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 14 de enero, emitida por el Tribunal de Casación de la Sala Especializada (…) de la Corte Nacional de Justicia, hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual P-107-14», señala el organismo.
Los tres condenados solicitaron medidas cautelares el pasado 30 de enero, y la Comisión tomó hoy la decisión de concederlas por una mayoría de cinco votos, con los pronunciamientos en contra del brasileño Paulo Vannuchi y la paraguaya Rosa María Ortiz.
El pasado 24 de enero, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya expresó su preocupación por el caso, y recordó que «la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre funcionarios públicos es desproporcionada y vulnera por ello el derecho a la libertad de expresión».
En su decisión de hoy, la CIDH indica también que «la imposición de la condena penal» en este caso «genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión y del derecho de petición» debido a las restricciones a sus derechos políticos que implica una condena a cárcel.
Además, advierte de que la ejecución de la sentencia «no sólo tendría un efecto intimidatorio respecto de los propuestos beneficiarios, sino respecto de sus pares (periodistas y legisladores), así como de todas las personas que pretendan denunciar a funcionarios públicos ante las autoridades competentes».
La CIDH alerta también del «efecto silenciador que este tipo de decisiones pueden tener sobre el debate público y el control democrático a la gestión de un gobernante».
En 2010, los tres condenados acusaron a Correa de haberse trasladado a las instalaciones de una universidad para planear su rescate y regresar luego al hospital para ser liberado.
Presentaron una denuncia con esta versión en la Fiscalía, que la calificó de temeraria y maliciosa al no haber demostrado esas acusaciones y no la acogió, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias que se alargó hasta el 14 de enero.
