El Cairo/Menia, 24 mar (dpa) – Un tribunal en la provincia de Menia impuso hoy más de 500 condenas a muerte. Nadie en Egipto contaba con ello. «No se condena a 529 personas a muerte en tres días», afirma el abogado Gamal Eid, de dirige en El Cairo la red para informaciones sobre derechos humanos ANHRI.
En el segundo día del macro juicio que comenzó el sábado la defensa de los acusados ni siquiera pudo hacer uso de la palabra. Debido a los violentos disturbios el verano (boreal) pasado, el juez impuso a los islamistas la máxima pena.
La sentencia dictada en tiempo récord en la corte de Menia puede destacar por su despiadada dureza, pero se enmarca en la línea de la actuación de los órganos de poder en Egipto desde que los militares apartaran del poder en julio pasado al primer presidente elegido en las urnas, el islamista Mohammed Mursi.
Las manifestaciones, en su mayoría pacíficas, de los Hermanos Musulmanes fueron aplacadas con un gran derramamiento de sangre. Al menos 1.400 personas murieron en todo el país. Además, cerca de 16.000 personas fueron detenidas, entre ellas Mursi y la cúpula completa de los Hermanos Musulmanes.
Ahora hay procesos judiciales en marcha contra los cuadros de mando de la organización por espionaje, alta traición y una misteriosa fuga de la cárcel. Las acusaciones públicas imitan la peor de las novelas policiacas, pero a los acusados les puede caer la pena de muerte si se les halla culpables.
Y también están sintiendo la severidad de la nueva política los revolucionarios de la Primavera Árabe que en 2011 contribuyeron a derrocar al presidente Hosni Mubarak, aferrado a la presidencia durante décadas. Las violaciones de las reglas de juego, como la nueva y restrictiva ley de reunión, se pagan con abultadas penas de prisión.
Esa es la razón por la que Ahmed Maher, Ahmed Duma y Mohamed Fadl, tres activistas que tuvieron una considerable repercusión en el derrocamiento de Mubarak, han sido condenados a prisión tres años, aunque por ahora están esperando el resultado de la apelación.
Asimiso, el politólogo y socialdemócrata Amr Hamzawy espera el juicio por «desprecio de la justicia». Su «delito»: criticar en Twitter la politización de determinadas sentencias judiciales.
Gran parte de las condenas a prisión siguen imponiéndose a estudiantes que salieron a la calle a manifestarse, tan sólo en la semana pasada hubo un aluvión de condenas de entre cuatro y 14 años entre rejas. «Cualquiera puede ser detenido o incluso asesinado por la policía», señala el joven de 21 años Yussif Salhin, que estudia el islam en la Universidad Al Azhar y es además portavoz del Movimiento de Estudiantes contra el Golpe (de Estado), próximo a los Hermanos Musulmanes. «Muchos de mis amigos más cercanos están en prisión. Yo podría ser el próximo. No estoy mucho mejor que ellos».
Aun cuando todavía no se ha fijado una fecha para las elecciones presidenciales y el jefe del Estado Mayor, Abdel Fata al Sisi, tiene que presentar su candidatura oficialmente, apenas podrá cumplir con las enormes expectativas que ha depositado en él gran parte de la población. Es por ello que -según sus seguidores-, tiene que consolidar su poder, y en caso necesario con puño de hierro, para no acabar depuesto en la próxima revuelta.
El politólogo Joshua Stacher, de la universidad británica de Kent, también considera que son esas las intenciones de los órganos de poder. En su opinión la persecución política y la represión se deben a la falta de estabilidad del poder actual: «La violencia contra los disidentes de todos los colores que estamos observando actualmente es una política a conciencia de los órganos de poder para ayudar en la construcción del nuevo régimen».
Por Gregor Mayer
