Bogotá, 19 mar (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien fue destituido e inhabilitado políticamente por 15 años por la Procuraduría por supuesta mala gestión de una crisis de basuras, informaron medios locales.
La Comisión solicita al Gobierno de Colombia que «suspenda inmediatamente» los efectos de la decisión del 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos de Petro, señala la decisión de la CIDH publicada por medios colombianos.
El documento de la CIDH, con sede en Washington, agrega que la medida se toma para que Petro «pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá».
Petro fue elegido alcalde por voto popular el 30 de octubre de 2011 para el periodo 2012-2015.
La Comisión también solicita al Gobierno de Colombia que tenga a bien informar en el plazo de 15 días a partir de la fecha de la siguiente resolución «sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica», agrega el documento.
Según este organismo del Sistema Interamericano, «tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho» presentadas por los defensores del alcalde en diciembre pasado, la Comisión considera que «los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (…) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia».
Las medidas cautelares de la CIDH se anuncian el mismo día que el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo de Colombia, negó los últimos recursos de amparo que pretendían suspender la destitución e inhabilitación que le impuso el pasado 9 de diciembre el procurador general, Alejandro Ordóñez.
Con ese fallo se agotaron las instancias legales de Petro contra esa sanción de la Procuraduría (Ministerio Público).
Horas antes del fallo de la CIDH, Petro había depositado en esa Comisión su esperanza de evitar la destitución e inhabilitación mediante medidas cautelares.
«No sabemos si el sistema interamericano nos proteja o no. Si no lo hace, no nos quedará un centímetro cuadrado de justicia», dijo el alcalde de la capital colombiana.
La Procuraduría considera que Petro cometió faltas graves en diciembre de 2012 al cambiar el modelo de recogida de basuras de Bogotá de manos privadas a un modelo público, lo que ocasionó durante tres días una crisis en ese servicio en la ciudad.
La situación del alcalde está ahora en manos del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que debe decidir si acata la destitución ordenada por la Procuraduría o las medidas cautelares de la CIDH, sobre las cuales hay polémica en el país en el sentido de si son de obligatorio cumplimiento o no.
