Oviedo, 15 mar (EFE).- La portavoz de Foro en la Junta General, Cristina Coto, ha afirmado hoy que la reforma del Ente Público de Comunicación es una ley «de punto final que pretende ocultar las innumerables irregularidades cometidas en la TPA a lo largo de su existencia».
«Por supuesto, el proyecto de Ley lejos de simplificar o ahorrar genera mayor burocracia y gasto», ha añadido en la rueda de prensa ofrecida junto con el representante de este partido en el Consejo de RTPA, José Manuel Fernández Lavandera.
Ha señalado que Foro ha registrado una enmienda de totalidad al proyecto de ley de segunda reestructuración del sector público autonómico más 21 enmiendas parciales.
La portavoz ha apuntado que el sector público asturiano está integrado por 84 entes y que la primera reforma, aprobada el año pasado, «afectó a 11, sin suponer ahorro económico alguno».
Coto ha denunciado la «absoluta falta de voluntad de los socialistas por reducir la ineficaz red de chiringuitos nacida bajo los mandatos de -Vicente Álvarez- Areces, y que se lleva casi 1.000 millones de euros al año».
Para la diputada este segundo proyecto de ley «se limita a fusionar por absorción en sola una empresa, las tres empresas que hasta ahora integraban el Ente Público de Comunicación, es decir, RPA, TPA y Productora de Programas del Principado, que ahora pasan a llamarse RTPA SAU».
En su opinión, «desde un punto de vista formal, presentar como una ‘reforma del sector público’ un proyecto de ley que solo afecta a un ente es un absurdo jurídico», que supone el «enésimo engaño» del gobierno que preside Javier Fernández.
Para la portavoz «no supone ahorro ni se ajusta a la actual realidad económica, dado que lo que se propone no comporta ni incremento de los ingresos ni reducción de los gastos» mientras que el proyecto «implica un escandaloso retroceso en la pluralidad informativa e incumple» la Ley de Sociedades de Capital.
«En el nuevo Consejo de Administración los consejeros asumirán unas elevadas responsabilidades de acuerdo con la legislación mercantil, pero que no se corresponden con las competencias que se le atribuye en este proyecto, porque el grueso de las competencias recaerá en el director», ha destacado.
Ha abundado que resulta también «intolerable el tratamiento separado de los principios de información y pluralismo, lo que va en contra de la ley estatal, que conjuga perfectamente ambos principios, que lejos de ser inconexos son inseparables».
Sobre el consejo de administración, la diputada ha afirmado «que se declare incompatible ser consejero con ejercer un cargo de elección o designación política o con pertenecer a los órganos de dirección de un partido es una restricción sin precedentes, que no solo va en contra de la Ley estatal de Comunicación Audiovisual, sino que presenta serias dudas de constitucionalidad».
Esta restricción, ha añadido, tiene la «intención muy clara» de «eliminar del consejo a determinados miembros que han desarrollado una fiscalización y control rigurosos de las cosas que pasan en la TPA».
La portavoz ha denunciado que «se vacía totalmente de contenido» al consejo de administración en beneficio del director de RTPA SAU, que será también el presidente del citado consejo, de modo que los consejeros «pasaran a ser meros delegados del director para ejercer unas facultades que ni siquiera van a elegir».
En su opinión, las intenciones del Gobierno «hacen imprescindible un informe de revisión extraordinario antes de que se produzca la disolución y liquidación del actual ente público y sociedades que lo conforman», que sea «elaborado por expertos independientes para conocer la situación económico-financiera, laboral, contractual y legal del ente público».
