Arranca la aplicación de la ley de unidad de mercado en el comercio

6032848wMadrid, 11 mar (EFE).- La conferencia sectorial de comercio interior ha respaldado hoy la puesta en marcha de la aplicación de la ley de unidad de mercado en el comercio, con la oposición de las comunidades autónomas del País Vasco y Cataluña.

La reunión, que ha contado con la participación de los representantes de las 17 comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, tenía entre sus principales objetivos elaborar un plan de trabajo para la revisión normativa en el ámbito del comercio interior, de acuerdo con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, aprobada en 2013.

En una rueda de prensa posterior a la reunión, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, ha explicado que han trasladado a las comunidades «la necesidad» de que aborden «los cambios normativos precisos» para que sus normas no establezcan más requisitos para la apertura de establecimientos que los estrictamente exigidos por la ley en el ámbito de sus competencias.

«En algunas comunidades autonómicas, las normas exigen algunos criterios adicionales a los previstos en la normativa europea para otorgar licencias de apertura de nuevos establecimientos» que, a juicio de García-Legaz, acaban obstaculizando la actividad comercial y que se produzcan inversiones y se generen puestos de trabajo.

«Hemos recabado el apoyo de las comunidades autónomas» para la puesta en marcha del plan de revisión normativa, «con la única oposición» del País Vasco y Cataluña y «algunos comentarios y objeciones» de otras, por lo que este plan se pone en marcha, ha añadido el secretario de Estado.

Las dos comunidades que no apoyan el plan de revisión normativa han manifestado, ha añadido García-Legaz, su desacuerdo con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que han procedido a recurrir ante el Tribunal Constitucional.

«Hemos trasladado tanto a la Comunidad Autónoma del País Vasco como a la Comunidad Autónoma de Cataluña que desde el Gobierno de España vamos a cumplir con nuestra obligación de exigir el cumplimiento de esta ley en todos sus extremos. Por tanto que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado será de aplicación en el País Vasco y en Cataluña», ha agregado.

En este proceso, se han identificado 37 normas autonómicas relativas a la implantación de establecimientos comerciales y otras 244 en el ámbito de la artesanía, las ferias y las subvenciones asociadas a estas dos actividades que suponen una diversidad de regulación que puede plantear obstáculos y costes innecesarios a las empresas.

«Las comunidades autónomas tienen que hacer sus deberes y reformar aquellas leyes que son contrarias a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado», ha dicho el secretario de Estado, que ha explicado que la normativa prevé un periodo de seis meses para que se proceda a los cambios normativos necesarios.

«Nosotros confiamos en que las comunidades autónomas cumplan con este plazo de seis meses», ha añadido.

García-Legaz ha rehusado hacer público qué comunidades deberán hacer más cambios normativos y ha explicado que esa información se la han trasladado a las propias comunidades autónomas interesadas.

«Nuestro objetivo no es hacer una lista de buenos y malos, de más cumplidores o menos incumplidores. La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado no tiene para nada ese objetivo. Nuestro objetivo es recuperar la unidad del mercado nacional español», ha afirmado.

En la reunión, también se ha analizado el balance «muy positivo» del Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista de España en 2013 y se ha repartido el borrador para 2014.

«Recibiremos los comentarios definitivos en las próximas semanas», ha añadido el secretario de Estado, lo que permitirá aprobar el nuevo plan de competitividad «en un plazo de tiempo relativamente breve».

En el ámbito de la revisión normativa, la conferencia sectorial de comercio es una de las primeras -de las 25 previstas por parte de todos los Ministerios- que se convocan con el objetivo de aprobar un esquema de trabajo anual con las comunidades autónomas para avanzar en la simplificación y eliminación de barreras para el acceso y el inicio de la actividad en el comercio.