Oviedo, 3 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha fijado para los días 24, 25 y 26 de marzo la vista oral contra el actual portavoz de IU en la Junta General, Ángel González, y contra Roberto Moro Tella por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adquisición de monolitos para la memoria histórica.

El Alto Tribunal asturiano, que hoy ha comunicado las fechas de la vista, ordenó el pasado mes de octubre la apertura de juicio oral al considerar que los hechos investigados, que se remontan a la etapa de Ángel González como viceconsejero de Bienestar Social y Vivienda y de Roberto Moro como secretario general técnico de la Consejería, en 2010, son «indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación administrativa».

Los hechos investigados, por los que González y Moro enfrentan una solicitud de pena por parte de la Fiscalía de siete y cinco de inhabilitación, respectivamente, están relacionados con la adquisición de 76 monolitos para marcar fosas comunes y enterramientos realizados durante la guerra civil censados a raíz de la aprobación de la ley de memoria histórica.

En el auto de apertura de juicio oral, el TSJA detallaba en el apartado de hechos objeto de juicio que el entonces viceconsejero de Bienestar Social «convocó o hizo convocar» entre los meses de enero y septiembre de 2010 al administrador de la empresa New Construction, dedicada al tallado de monolitos, al que se le encargó que presentase un presupuesto para una adjudicación de un contrato menor de obras, acompañado del presupuesto de dos sociedades que él mismo «entendiese convenientes».

El objetivo del encargo sería «dar cobertura legal a la exigencia interna de presentar tres presupuestos» para «cubrir el expediente» de la posterior adjudicación, según el auto, que añadía que en los archivos de la Consejería no consta «ningún tipo de pliego o indicación de en qué consistía el suministro solicitado ni concretase en qué lugar habrían de ser colocados» los hitos.

El administrador de New Construction entregó en octubre de 2010 un presupuesto propio por importe de 49.856 euros, así como el de otras dos empresas por 49.989 euros y 58.000 euros, que fueron entregados por Ángel González o Roberto Moro a la jefa de servicio de asuntos generales de la Consejería «con la indicación de que preparase el contrato y adjudicación».

Según el auto de apertura de juicio oral, dicha encomienda se practicó «sin respetar el cauce» relativo a la tramitación de expedientes de contratación menor en la Consejería de modo que esta «irregular forma de inicio del expediente» implicó que no hubiera un informe previo de propuesta del Área de Planificación, en el que debía figurar, entre otros aspectos, las prescripciones técnicas de la adjudicación.

Una vez recibidos los presupuestos, la jefa de servicio de asuntos generales informó a Moro de que el tipo contractual debía ser el de contrato de suministros por procedimiento negociado, a lo que éste último accedió.

No obstante, González acudió al día siguiente al despacho de la jefa de servicio y le dijo que resultaba imposible tramitarlo por un procedimiento negociado porque llevaría mucho tiempo y «él quería hacerlo ya», lo que derivó en una discusión entre ambos, en la que Roberto Moro intercedió en favor de los intereses del viceconsejero.

La jefa de servicio manifestó su «total oposición» a la tramitación, al entender que se iba a incurrir en una «ilegalidad», y finalmente entregó los presupuestos a un subalterno, que finalmente lo tramitó como un contrato de suministros menor.

De esta forma, la contratación se produjo como quería el viceconsejero, mediante una tramitación interna en «contradicción» con las normas internas de la propia Consejería, y que concluyó con un «fraccionamiento ilegal de un contrato» ante la «arbitrariedad de la decisión del cargo político» y contra el criterio técnico expresado por la funcionaria máxima responsable en materia de contratación.

El auto detallaba que, a pesar de que la totalidad de lo contratado se encuentra pagado, al menos 40 de los hitos suministrados no han sido colocados ni utilizados para señalizar ninguna fosa, por lo que están en el depósito de la empresa a disposición de la administración.