Oviedo, 1 may (EFE).- La Consejería de Economía del Principado ha asumido la ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo en la que se condena al Gobierno regional y «Antracitas de Gillón» al pago de 3,5 millones de euros, más intereses, a 17 vecinos que sufrieron daños en sus viviendas por la actividad minera de esta empresa.

La Consejería ha asumido la condena el pasado 6 de febrero, una vez que el Supremo ratificase la sentencia de abril del pasado año en la que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias condenaba solidariamente a la administración regional y a la empresa minera.

La Consejería de Industria y Empleo había desestimado en noviembre de 2011 los recursos que habían planteado varios vecinos de Gillón, en el concejo de Cangas del Narcea, por los desperfectos que habían sufrido viviendas y construcciones próximas al pozo Coto Matiella, de Antracitas de Gillón.

Las grietas en suelo y edificios empezaron a salir en la década de los años setenta, si bien la demanda no se presentó hasta el año 2006, un año después de que Antracitas de Gillón cesara su actividad.

La sentencia reconoce que la actividad minera alteró la estabilidad del terreno, que la empresa no puso los medios adecuados para evitar daños en el pueblo y que administración regional no fue diligente al autorizar y vigilar esta explotación minera.

Según la sentencia del Supremo, en este caso se ha dado un «anormal funcionamiento del servicio público, que si bien no provocó directamente el suceso, si contribuyó al mismo al aprobar, merced a su falta de diligencia y en contra de lo que era su obligación, los planes de labores».

Según cálculos del diputado de Foro por el Occidente Juan Ramón Campo, la condena más los intereses pueden elevar a unos 5 millones de euros la cantidad con la que deberán ser indemnizados estos vecinos como consecuencia de una actuación negligente.

Para el diputado de Foro, el presidente del Principado, Javier Fernández, debe una «disculpa pública a los vecinos de Gillón, que llevan años demandando lo que les corresponde en justicia ante la prepotencia y absoluta dejadez de la Administración autonómica y que han tenido que soportar todo este peregrinar judicial para lograr que finalmente se les reconozca la razón».