Madrid, 12 feb (dpa) – La hija del rey de España declara como imputada frente a un juez. La policía registra la sede del PP de Mariano Rajoy. El ex presidente de una de las mayores entidades financieras entra en la cárcel. Y un largo etcétera.
Los casos de corrupción copan los titulares de prensa en España, un país en el que en plena burbuja inmobiliaria cobrar una comisión por conceder una licencia urbanística era algo «normal».
Según apunta la Comisión Europea en su primer informe anticorrupción, el 95 por ciento de los españoles piensa que la corrupción está extendida en el país y los sondeos nacionales la consideran ya la segunda mayor preocupación de la población, por encima de los problemas económicos.
España fue de hecho en 2013 el país donde más aumentó la percepción de la corrupción después de Siria, según el informe anual de Transparencia Internacional (TI), el índice más usado del mundo. En comparación con otros países europeos, quedó ubicada en la plaza 40, muy por detrás de Alemania (12) o Francia (22) y Portugal (33).
¿El antídoto? La transparencia y el acceso libre a la información, defienden expertos. «Si un efecto positivo ha tenido la crisis en España es que ha aumentado el interés de los ciudadanos por conocer la gestión del dinero público», afirma Mar Cabra, activista española pro transparencia y periodista de investigación internacional.
«La transparencia ayuda a luchar contra la corrupción porque con ella ya no son cuatro funcionarios los que controlan la información, sino 47 millones de ojos», subraya en conversación con dpa.
Desbordado por tramas que golpean a instituciones, bancos, partidos políticos y administraciones públicas, el país avanza por esa senda, aunque tímidamente: a finales de 2013, el gobierno conservador de Mariano Rajoy aprobó la primera ley de transparencia del país, que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información oficial.
«El concepto de transparencia es un valor inherente de una democracia. En España hacía falta una herramienta para hacerla real, pero el resultado es insuficiente», explica Victoria Anderica, investigadora legal de la organización Access Info Europe.
Según un ‘ranking’ elaborado por este colectivo, dedicado a promover el derecho de acceso a la información en Europa, la ley española está en el puesto 75 de las 96 existentes en el mundo. «El dato demuestra lo poco progresiva y moderna que es y las deficiencias que tiene. Es una ley que nace coja, porque se ha limitado a cumplir mínimos», dice Cabra.
Oposición, sindicatos y organizaciones como Access Info Europe critican que la entrada en vigor de la norma se posponga hasta diciembre en el caso de las instituciones nacionales y hasta un año después en el de las locales. Pero, sobre todo, disienten con su alcance.
«Organismos como el tribunal de cuentas, el poder judicial, la casa real o las cámaras parlamentarias solo tendrán que publicar sus cuentas», denuncia Anderica, quien pone el foco de la transparencia en el proceso de toma de decisiones, más allá de los resultados.
«Un ejemplo: la tramitación de las leyes. En España no se puede solicitar información sobre los procesos legislativos, algo que sí es posible en la Unión Europea». O la llamada información auxiliar, esencial para la toma de decisiones. «Lo que en algunos países es una realidad, en España es ciencia ficción», lamenta.
En este marco, Europa insta al gobierno de Rajoy a reforzar las sanciones y los mecanismos de control, tras concluir en su informe que las mayores prácticas de corrupción se produjeron en los últimos años en torno al desarrollo urbanístico, la contratación pública y la financiación de los partidos.
Todo ello en un país donde el partido gobernante es investigado por presunta financiación irregular, la hija del rey está imputada por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal y la sombra de la corrupción planea sobre los principales sindicatos y algunas de las más importantes entidades bancarias.
«España es una democracia muy nueva donde el ‘chip’ de opacidad está incrustado en el cerebro español», explica Cabra, haciendo alusión a la dictadura franquista que se prolongó durante más de 35 años (1939-1975). «El ciudadano no tiene en su cultura la exigencia de que las instituciones públicas rindan cuentas».
Tampoco éstas de rendirlas. «Lo que queda oculto en un cajón es lo que fomenta las malas prácticas», asegura la periodista. «Como se suele decir, la luz del sol es el mejor desinfectante».
Por Ana Lázaro Verde
