Guatemala, 8 feb (EFE).- Diputados de oposición, organizaciones locales y extranjeras de derechos humanos, así como la comunidad internacional, se han unido para criticar a la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala por pretender reducir el período de la fiscal general del país, Claudia Paz y Paz.
Algunos con más crudeza y otros con mensajes más diplomáticos, han expresado su apoyo a Paz y Paz, la primera mujer en ocupar la Fiscalía General en Guatemala, y que en los tres años y dos meses que lleva al frente del Ministerio Público ha logrado reducir en 20 puntos los niveles de impunidad.
En un fallo que se ha prestado a todo tipo de interpretaciones jurídicas y políticas, y basados en un artículo transitorio del decreto por medio del cual se reformó la Constitución en 1994, de los magistrados de la CC, por unanimidad, han reducido siete meses el período constitucional para el que fue elegida la fiscal en 2010.
El máximo tribunal del país atendió la queja de Ricardo Sagastume, un abogado conservador representante de las causas de la extrema derecha de este país, quien «a título personal» alegó que Paz y Paz debe dejar el cargo en mayo próximo porque es cuando se cumple el período de su mandato.
Cauta, la fiscal se ha abstenido de hacer comentarios sobre las intenciones políticas de quienes promueven su salida inmediata, y «como mujer de derecho que soy», según dijo a Efe en una entrevista, ha preferido dar la batalla legal para «defender» el orden constitucional y el estado de derecho.
El jueves presentó un «recurso de recusación» ante la misma Corte que un día antes redujo su mandato, para que rectifique el fallo y le permita concluir su período en diciembre próximo, que es cuando se cumplen los cuatro años constitucionales para los que fue designada en 2010.
En el recurso, Paz y Paz expone que la Constitución guatemalteca no establece fechas para el inicio del período del Fiscal General, pero sí indica que debe ser de cuatro años.
Además, señala que el amparo provisional por medio el cual se pretende reducir su mandato no tiene sustento jurídico constitucional, debido a que el artículo de la Carta Magna en el que se asienta es de «carácter transitorio» y que ya ha perdido validez
Los diputados de oposición en el Congreso se negaron el jueves a acatar la orden de la CC de convocar a los miembros de la comisión que, según la ley, deben elegir a seis profesionales entre los que el Presidente de la República debe designar al sustituto de Paz y Paz.
La Embajada de Estados Unidos, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la oficina de la coordinadora residente del sistema de la ONU en el país, han alabado el trabajo de Paz y Paz al frente de la Fiscalía, y han advertido de que su salida anticipada supondría un retroceso en la lucha contra la impunidad.
«El pueblo guatemalteco merece un fiscal general con las cualidades indispensables de honestidad, valor, independencia y compromiso para terminar con la impunidad», dijo el embajador estadounidense, Arnold Chacón, en una declaración oficial.
Paz y Paz, agregó, «es muestra de que en Guatemala existen servidores públicos honestos, capaces y con integridad», y para Estados Unidos, «es un privilegio (…) contar con un socio como la doctora Paz y Paz», quien «ha puesto el nombre de Guatemala en alto en todo el mundo con sus múltiples y merecidos reconocimientos al contribuir a mejorar el estado de derecho».
El no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunció que el fallo de la CC «menoscaba la independencia de la Fiscalía y se podría considerar como una sanción implícita para la fiscal, en represalia a su labor como operadora de justicia».
En un comunicado publicado el viernes en la prensa local, unas quince organizaciones humanitarias locales, entre ellas la Fundación de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, pidieron a la Corte «revocar» el fallo y respetar el plazo constitucional para el que fue designada la Fiscal.
La decisión que asuma la CC tras resolver la recusación plantada por Paz y Paz, según expertos locales, podría ser el inicio de una nueva crisis de gobernabilidad en este país centroamericano, en donde se cuestiona el «amplio poder» de los magistrados del máximo tribunal.
