Palma, 7 feb (dpa) – La foto de la infanta Cristina entrando mañana sábado en el juzgado de Palma de Mallorca hará más daño a la monarquía española que todas las campañas republicanas juntas que ha habido durante los 38 años de reinado de Juan Carlos I.
La hija pequeña del monarca se sienta ante el juez José Castro como imputada ante las sospechas que tiene el magistrado de que ha podido cometer fraude fiscal y blanqueo de dinero.
Podrá convencerlo o no de que no sabía nada de los negocios presuntamente ilícitos que hacía su marido, Iñaki Urdangarin, al frente del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro a través de la que se embolsó, malversándolo, casi seis millones de euros de dinero público junto a su socio.
Pero la infanta no solo responde mañana ante el juez. Responde también ante la sociedad española, que con la crisis económica que azota el país desde 2008 ha desarrollado un nivel de intolerancia a la corrupción y los abusos que años atrás estaba más abajo.
Con la infanta Cristina se sienta ante el juez también la casa real, que se examina de honestidad ante la ciudadanía.
Una ciudadanía que en los últimos años ha dado la espalda a la institución monárquica, apuntalada en su día por el papel del rey Juan Carlos en la Transición española y, sobre todo, en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
La crisis de Botsuana -cuando una España en crisis se enteró por una rotura de cadera de que su rey se divertía en lujosas y cuestionables cacerías en África junto a una «amiga entrañable»- supuso un golpe muy duro para la imagen de la monarquía y del rey.
La Zarzuela trabajó duro para recomponerla y superar la desafección que mostraban las encuestas. Pero la imputación de la infanta, a tenor de lo que marcan los estudios de opinión, es un gran golpe en la esperanza de que los españoles apoyen de nuevo a la Corona en la forma en la que lo hacían. Y supone pues un escollo en el camino del príncipe Felipe hacia la jefatura de Estado.
La Casa del Rey califica abiertamente de «martirio» el «caso Nóos». Se ha apartado lo que ha podido de la infanta. En Palma no habrá con ella ningún representante. Solo estarán sus abogados.
Hacia fuera, la foto de la infanta entrando en el juzgado es un golpe a la imagen exterior de España. Ya lo dijo el propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, cuando la infanta fue imputada por primera vez, en abril (una imputación anulada después): «La imputación de la infanta no beneficia a la Marca España».
La imagen de la hija pequeña del rey de España accediendo mañana al tribunal mallorquín dará la vuelta al mundo.
Entre los 350 periodistas de 94 medios que se han acreditado para cubrir una declaración histórica están los enviados de la CNN. Hay informadores de Francia, Alemania y Reino Unido, entre otros.
Y todos se referirán en sus informaciones al primer miembro de la familia real que es investigado en un proceso penal e interrogado ante un juez, un caso único en una monarquía reinante.
Esta semana, la casa real citó a unos 40 corresponsales extranjeros, a los que sentó cara a cara con el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, en un ejercicio de transparencia en el que respondió preguntas sobre la monarquía y les recordó que la infanta no toma ya parte en los actos de la Corona.
Para ella las cosas no serán ya jamás lo que fueron. Hace tiempo de hecho que ya no lo son para ella en el seno de la familia real.
Cuando la Casa del Rey apartó a Urdangarin de la agenda oficial por un comportamiento «no ejemplar» (su imputación estaba al caer), la apartó de facto a ella, que no ha vuelto a aparecer en un acto oficial desde la fiesta nacional del 12 de octubre de 2011.
Su declaración mañana ante el juez Castro puede, en el mejor de los casos, desembocar en una salida sin cargos del asunto. Pero aún en ese caso habrá implícita una condena para ella.
«¿Se imaginan a la esposa de Iñaki Urdangarin entregando un premio en nombre de la Casa Real cuando se cierre el caso? ¿O inaugurando un colegio? En Zarzuela, tampoco», escribía hace unos días la periodista que cubre para el diario «El Mundo» la Casa Real.
La hija pequeña del rey Juan Carlos, la hermana pequeña del futuro rey Felipe, ha quedado en definitiva invalidada para la Corona. Aunque la duquesa de Palma -título al que en la ciudad que declara el sábado le han pedido que renuncie- siga manteniendo sus derechos dinásticos como séptima en la línea de sucesión.
En cualquiera de los tres escenarios -el nacional, el internacional y el personal- su imputación marca un antes y un después. Una línea roja en los 38 años de reinado de Juan Carlos I.
Por Sara Barderas
