Madrid, 7 ene (dpa) – La infanta Cristina, hija menor del rey Juan Carlos, fue imputada hoy por presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales, en el marco de la supuesta trama de corrupción que desde hace tres años salpica a su esposo, Iñaki Urdangarin, y martiriza a la familia real española.
La casa del rey expresó en una primera reacción su «respeto a las decisiones judiciales», tres días después de que el jefe de la institución, Rafael Spottorno, instara a la Justicia española a cerrar la instrucción del caso y la considerara «un martirio» para la familia real.
El llamado «caso Nóos» ha sumido a la monarquía española en su crisis más aguda durante los 38 años de reinado de Juan Carlos, que el domingo cumplió 76 años.
A ello se une la delicada salud del monarca, operado dos veces de la cadera en los últimos meses, y que ayer volvió a desatar los rumores por sus titubeos y errores cometidos en su discurso durante la celebración de la Pascua Militar en Madrid.
Pese a todo, el rey Juan Carlos descarta abdicar en su heredero, el príncipe Felipe, uno de los miembros mejor valorados de la familia real. Así lo confirmó durante su tradicional alocución de Nochebuena, el pasado 24 de diciembre, en la que también habló de «ejemplaridad y transparencia» en las instituciones.
Ahora, esa ejemplaridad vuelve a ponerse en cuestión con la imputación de la infanta Cristina. Pese a la oposición de la Fiscalía española, el juez José Castro de Palma la cita a declarar el próximo 8 de marzo por delitos que pueden acarrear penas de hasta 11 años de cárcel e importantes multas, según informaron los medios españoles.
En un auto de 227 páginas, el magistrado sostiene que existen indicios penales suficientes para citar a la infanta, copropietaria de una sociedad -Aizoon- de la que Urdangarin se habría servido para defraudar a Hacienda y desviar parte de los seis millones de dinero público de los que presuntamente se apropió.
«A nadie debiera escandalizar que se pretenda formular (a la infanta) preguntas al respecto», dice el juez Castro en el documento. «Presumir que quien supuestamente se ha lucrado de la manera expuesta desconociera por completo de lo que se le estaría hablando y que por ello no merecería la pena preguntarle no es de recibo».
El juez considera «falsas» una serie de facturas y dice no poder compartir «a priori» el criterio de la Agencia Tributaria, que calificó como deducibles gastos amparados «por documentos en los que concurren serias y graves irregularidades, indiciarias de delito».
El pasado mes de abril, el juez Castro ya imputó a la hija menor de los reyes de España al apreciar indicios de que pudo consentir que su esposo aprovechó su parentesco con el rey de España para ejecutar presuntas actividades ilegales en el instituto Nóos, una entidad pública en torno al deporte.
En aquella ocasión, la infanta no llegó a declarar en los juzgados de Palma ya que la fiscalía anticorrupción de Palma presentó un recurso y el juez suspendió la citación.
Ahora, el abogado de Cristina, Miquel Roca, recurrirá el auto del juez Castro para evitar de nuevo que la infanta declare, como ya adelantó hoy, al entender que la imputación «carece de fundamento».
En las primeras horas, el gobierno de Mariano Rajoy se limitó a mostrar su «respeto» a la decisión judicial. También el Partido Socialista, el más importante de la oposición en España, pidió «respeto y acatamiento a la decisión del juez».
Más dura fue la tercera fuerza política del país, Izquierda Unida, quien reclamó al Ejecutivo de Rajoy que no ponga «zancadillas» al juez instructor del caso y que se mantenga al margen.
Hace un mes, la Fiscalía española se opuso públicamente a la imputación de la infanta, al considerar la inexistencia de pruebas que pudieran vincular a Cristina con actividades delictivas. «Las meras conjeturas o sospechas no constituyen elementos válidos de imputación», señaló entonces el fiscal anticorrupción Pedro Horrach.
También el fiscal general del Estado español, Eduardo Torres-Dulce, afirmó en varias ocasiones que no existen indicios para imputar a la infanta Cristina.
Solo el colectivo Manos Limpias, personado como acusación popular, reclamó una implicación penal. «La infanta Cristina debe ser tratada como cualquier otro español», dijo hoy en un comunicado, en el que acusó al «lobby de Zarzuela» de tratar de «exonerar a la infanta» con la participación del gobierno y de medios de comunicación afines.
Por Ana Lázaro
