Madrid, 26 nov (dpa) – Sobre la Unión General de Trabajadores (UGT), uno de los dos grandes sindicatos de España, se cierne la sospecha de la corrupción. La Justicia española acaba de abrir una investigación sobre la posible financiación irregular de la central, vinculada históricamente al Partido Socialista (PSOE).
La Audiencia Nacional investiga el uso irregular de subvenciones públicas destinadas a cursos de formación para desempleados -en un país con más de seis millones- tras las informaciones aparecidas en el diario español «El Mundo», en las que también se denuncia una presunta estafa a partir de facturas falsas e infladas.
El rotativo publicó hoy un nuevo capítulo ligado a UGT: según la información, el sindicato habría cargado al gobierno de Andalucía, región situada en el sur de España, el coste de 700 maletines de piel falsificados en Asia.
El líder de la organización sindical, el histórico Cándido Méndez, dijo no descartar la dimisión, en un momento de corrupción generalizada en partidos políticos e instituciones públicas, pero sin apenas ceses voluntarios.
Méndez admitió que UGT atraviesa momentos difíciles y adelantó que él está dispuesto a defender «la honorabilidad» de la organización con «absoluta sinceridad».
Pero para la cúpula del sindicato, el objetivo de estas acusaciones es «tapar» uno de los casos de corrupción más sonados en España: el llamado «caso Bárcenas», que desde hace meses implica al gobernante Partido Popular (PP) y a algunos de sus principales dirigentes, incluido el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy.
La corrupción se ha convertido ya en el segundo problema que más preocupa a los españoles, después del desempleo, según los últimos datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, estatal).
En los últimos años, decenas de instituciones públicas han visto a algunos de sus miembros imputados en causas relacionadas con estafa, malversación de fondos, apropiaciones indebidas o prevaricación. Muchas, a la sombra de la burbuja inmobiliaria que abanderó la economía del país hasta su estallido, en 2008.
No se libraron los bancos ni sus directivos -el ex presidente de Caja Madrid, una de las cajas de ahorros más importantes de España, fue enviado a prisión- ni tampoco la monarquía, con el yerno del rey, Iñaki Urdangarin, imputado por haberse apropiado supuestamente de dinero público.
Al secretario general de UGT, Cándido Méndez, le preocupa ahora «el sentimiento de los afiliados», en un momento en que los sindicatos españoles pierden fuelle en el contexto sociolaboral.
El pasado domingo, medio centenar de manifestaciones recorrieron las ciudades españolas para protestar contra los recortes del gobierno conservador de Rajoy y defender los servicios públicos. Las principales organizaciones sindicales estaban presentes, pero como parte de una amalgama de movimientos sociales diversos.
Las llamadas «mareas» han cogido en los últimos años su testigo en las calles. Para muchos ciudadanos, la falta de credibilidad de los principales partidos políticos, principalmente por la corrupción y la gestión de la crisis, se extiende también hasta los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO.
A ambos se les acusó de no haber reaccionado a tiempo en el comienzo de la crisis económica que asola a España en los últimos cinco años y que coincidió con el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
Por Ana Lázaro Verde
