Madrid, 26 nov (dpa) – El final del litigio entre Repsol y el gobierno argentino será también el final de un contencioso entre los Ejecutivos de Cristina Fernández de Kircher y Mariano Rajoy.
El consejo de administración de la petrolera española estará poniendo fin a uno de los episodios más tensos en las relaciones hispano-argentinas si acepta el preacuerdo al que el lunes se llegó en Buenos Aires para compensar la expropiación de YPF hace 19 meses.
El gobierno de Fernández de Kirchner anunció en abril de 2012 la expropiación a Repsol de la que hasta entonces era su filial argentina. No se trataba de una expropiación cualquiera: era una expropiación a una de las joyas del empresariado español. Y el gobierno de Rajoy reaccionó airado.
«Argentina se ha dado un tiro en el pie de estos que son realmente importantes, y lo que más me preocupa es que esto supone el corte, o por lo menos la desconfianza, en unas relaciones realmente fraternales durante muchísimo tiempo», advertía entonces el ministro de Exteriores español, José Manuel García-Margallo.
El de Industria, José Manuel Soria, avanzaba por su parte represalias en el ámbito «diplomático, comercial, industrial y energético».
Cuatro días después del anuncio de expropiación, el Ejecutivo de Rajoy tenía ya redactado un decreto para reducir las importaciones de biodiésel de Argentina. Y poco después llegó a plantear a sus socios de la Unión Europea la exclusión de Argentina en la negociación del acuerdo de asociación entre el bloque comunitario y el Mercosur.
Luego suavizó ya su discurso, en un giro en la estrategia para conseguir que Repsol fuera indemnizada. Y ahora, la compensación a la petrolera, lograda con la propia mediación del gobierno de Rajoy, supondrá el final del enfrentamiento.
«El principio de acuerdo contribuye a normalizar y fortalecer los históricos vínculos», lo decía a su manera el Ministerio de Economía argentino el lunes, después de que se alcanzara el pacto en una reunión de la que el Ejecutivo español participó por medio del ministro Soria.
Enfrente tuvo al nuevo titular argentino de Economía, Axel Kicillof, considerado el ideólogo de la expropiación y quien a raíz de esta fue ganando peso político.
Los 5.000 millones de dólares (3.700 millones de euros) que según medios españoles ofrece el gobierno argentino a Repsol en bonos del país suponen la mitad de la cantidad que la empresa española reclamó desde el principio como un precio «justo» por la expropiación.
Llama la atención que su presidente, Antonio Brufau, no viajara a Buenos Aires. La percepción en España es que la presencia del catalán, que se cruzó muchas veces duras acusaciones con el gobierno argentino, habría entorpecido el pacto.
Según publicó hoy el diario «El Mundo», la presidenta argentina vetó expresamente su presencia en la reunión y pidió la de Isidro Fainé -presidente de Caixabank, la entidad que es actualmente el mayor accionista de la petrolera española-, con quien se lleva bien.
Brufau, que desde que llegó a la cúpula de Repsol en 2004 ha resistido ya varios envites, cobró notoriedad en los últimos días en el marco de un enfrentamiento con Pemex, que tiene el 9,34 por ciento de las acciones de Repsol.
El presidente de la petrolera mexicana, Emilio Lozoya, pidió la semana pasada la salida de Brufau. Y Pemex se mostró dispuesto a desprenderse de la mitad de sus acciones en Repsol.
Detrás de ello, la crítica mexicana a la supuesta incapacidad del catalán para lograr un acuerdo con Argentina, que más allá del dividendo es importante para que la petrolera norteamericana pueda lanzarse sin trabas a la explotación de crudo en Argentina. Lozoya sí estuvo en Buenos Aires.
Por Sara Barderas
