Lima, 18 nov (dpa) – Tras una semana de escándalo político en el Perú por la confirmación de que la Policía le daba protección a la casa de un sospechoso de ser un conspicuo operario de la corrupción, el Perú seguía sin aclarar hoy la pregunta básica: ¿quién ordenó esa protección?
Militares y policiales se culpan entre sí y solo hay palabra contra palabra. Entretanto han caído un ministro, un asesor presidencial y siete altos mandos de la Policía, mientras el gobierno de Ollanta Humala se desgasta y los opositores arrecian su ofensiva verbal.
Las hipótesis abundan y llegan hasta la teoría de que a la casa protegida, de Óscar López Meneses, era llevado el encarcelado ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos para «arreglar» asuntos. Una especulación sobre la que no hay pruebas, pero que parece hacer carrera en el imaginario colectivo.
López Meneses, de 45 años, ejercía ilegalmente la odontología cuando en la década de 1990, llevado por su suegro, el hoy prófugo ex ministro Víctor Malca, resultó involucrado en la red de corrupción que lideraba Montesinos en el gobierno de Alberto Fujimori. Se dice que el entonces asesor le vio tantas «virtudes» que lo convirtió en su mano derecha.
Esa historia, sobre la que hay varios testimonios, no ha sido corroborada por la Justicia, que, aunque lo tuvo detenido, no logró documentarle, según el sospechoso, ni que fuera operador de corruptas transacciones, ni que tuviera bajo su control a los parlamentarios fujimoristas, ni que liderara el espionaje a la oposición, ni que escondiera en su casa arsenales de guerra.
Para el procurador anticorrupción, Julio Arbizu, empero, no se puede decir que López Meneses fue absuelto, sino que evadió culpas mediante maniobras judiciales, incluida la de figura de prescripción.
De López Meneses no se supo nada en mucho tiempo, salvo que seguía llevando una vida muy cómoda a pesar de que se ignora en qué trabaja. Pero especulaciones lo señalaban como una especie de enlace entre el esquema montesinista y funcionarios del Estado, no solo en el actual gobierno, sino del anterior, de Alan García.
El hallazgo de que se le protegía desde hace 18 meses desbordó el vaso. La orden la habría dado el entonces director de la Policía, Raúl Salazar, pero éste dice que lo hizo por pedido del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, quien lo niega.
Las sospechas apuntan al hasta la semana pasada poderoso asesor de seguridad de Humala, Adrián Villafuerte, coronel del Ejército en retiro vinculado en el pasado a círculos montesinistas. Por ello también cayó él en la tempestad de esta semana.
López Meneses desfila desde la noche del domingo por los medios. Asegura que no pidió protección, que no es delincuente, que trabajó en la campaña de Humala pero se alejó decepcionado y no ha tenido relación con el gobierno y que los policías no cuidaban su casa sino el colegio del hijo del presidente, algo negado por los vecinos.
La bancada humalista se presentó hoy en pleno ante la prensa para negar cualquier nexo con el sospechoso y denunciar que el fujimorismo y el Partido Aprista (de García) están detrás de todo. El legislador Daniel Abugattás alertó de un «golpe de Estado» de largo aliento, consistente en debilitar a Humala para obligarlo a dejar el cargo antes de 2016.
Fujimoristas y apristas rechazan esos dichos y señalan que todo proviene del entorno de Humala. Las críticas fluctúan entre insinuaciones de que el presidente está involucrado en cosas oscuras y afirmaciones de que hay total incapacidad para poner orden.
«La culpa es del gobierno que pone a asesores que rompen toda institucionalidad», dijo hoy el parlamentario fujimorista Rolando Reátegui, sobre quien de inmediato llovieron burlas por pertenecer al sector que le dio carta libre a Montesinos. Hasta Fujimori desde la cárcel ha agregado fuego al decir que es imposible que un gobierno no esté enterado de algo así, lo que para sus detractores ha sido su gran confesión involuntaria.
Humala ha llamado «basura y delincuente» a Lopéz Meneses y ha negado cualquier contemplación con los corruptos, pero no ha logrado que las críticas paren. Como reemplazo del caído ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, designó a un respetado jurista, Walter Albán, pero no hay nadie dispuesto a apostar que el nuevo funcionario logrará controlar un ambiente tan convulsionado.
Mientras tanto, los grandes interrogantes persistían hoy, sin señales de que se aclaren pronto: ¿A qué se dedica López Meneses? ¿Por qué lo protegían oficialmente y por qué ahora nadie asume la responsabilidad? ¿Qué sabe el falso odontólogo que hace que tantas cosas se muevan en secreto?
Por Gonzalo Ruiz Tovar
