Bogotá/Managua, 18 nov (dpa) – El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concedió a Nicaragua, tras 11 años de litigio, un área de mar antes gobernada por Colombia. Un año después, ambos países siguen sin resolver el pleito y, por el contrario, han presentado nuevas determinaciones sobre la decisión.
En la sentencia, el tribunal de La Haya ratificó la soberanía colombiana sobre las islas y los cayos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero desplazó hacia el este el punto que Colombia consideraba como límite y entregó a Nicaragua unas 200 millas náuticas.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha insistido en que la Corte incurrió en «errores, omisiones e inconsistencias» inaceptables para Colombia, hasta el punto de declarar la sentencia como «inaplicable».
Santos expuso una serie de medidas de defensa ante lo que llamó «ambiciones expansionistas de Nicaragua», entre las que destacó la suscripción de un tratado internacional, debido a que la Constitución establece que los límites del país solo se pueden modificar mediante tratados aprobados por el Congreso.
Esa propuesta fue aceptada por el presidente Daniel Ortega, quien reiteró por su parte que su gobierno está listo para formar una comisión conjunta y así lograr el cumplimiento del fallo, que fue acatado por Managua desde el día de su anuncio.
El ingreso de tropas, naves y aeronaves militares de Estados Unidos para combatir el narcotráfico, así como la inclusión de la reserva de la biosfera Seaflower y de territorios colombianos en un mapa en el que Nicaragua ofreció bloques de exploración petrolera, entre otros anuncios, prendieron las alarmas en Colombia.
La «pretensión expansionista» de Nicaragua se evidenció y a mediados de septiembre pasado se conoció una nueva demanda de ese país ante la CIJ solicitando al tribunal que delimite «más allá de las 200 millas náuticas el rumbo exacto» de la frontera de los países en el Mar Caribe.
El presidente Ortega rechazó las acusaciones de Colombia e insistió en que el reclamo de Nicaragua se formuló de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de la cual Bogotá no es signataria.
La base de Nicaragua es que Colombia, al no ser signataria de la Convención sobre el Derecho del Mar, no puede reclamar más de 200 millas náuticas, como está establecido en su artículo 76, de la citada Convención.
Además, el vicepresidente Omar Halleslevens agregó a la controversia que en Colombia se vive «una especie de delirio» contra Nicaragua que se está utilizando con fines políticos en ese país.
Tras los señalamientos de Nicaragua, el presidente Santos programó un viaje a la zona y desde allí rechazó el anuncio al considerarlo como «improcedente, infundado, inamistoso y temerario». La tensión entre las naciones estaba otra vez en un pico.
El gobierno colombiano inició entonces las gestiones para el retiro del país del Pacto de Bogotá, firmado en 1948 y que reconoce la jurisdicción del tribunal de La Haya.
En los últimos días un incidente con bombarderos rusos que volaron «sin permiso» sobre Colombia en un viaje desde Venezuela hacia Nicaragua desataron en el país sudamericano una fuerte controversia. Además, comentarios atribuidos a un militar ruso sobre un supuesto apoyo de Moscú a Managua causaron preocupación.
Aunque Santos intentó restarle importancia al hecho, afirmando que ese tipo de «incursiones» ocurren «con mucha frecuencia en todo el mundo», desde el Congreso se cuestionó si Colombia estaría listo para una eventual guerra con el país centroamericano.
Nicaragua y Rusia firmaron recientemente una serie de acuerdos de cooperación en el campo militar. Asimismo, barcos rusos han apoyado a la Fuerza Naval nicaragüense en operativos antidrogas en el Mar Caribe.
Colombia anunció de su parte que instalará a comienzos del próximo año tres radares para fortalecer la vigilancia del espacio aéreo y para mejorar la seguridad del país ante posibles amenazas «internas o externas».
Aparentemente el fallo La Haya no resolvió el conflicto territorial que ambos países han vivido incluso antes de la demanda formal hecha por Managua ante el Tribunal en 2001, pero sí agudizó la disputa dejando en manos de cada gobierno las decisiones sobre la defensa de su soberanía.
Por Tatiana Rodríguez
