MONTEVIDEO (dpa) – Uruguay se ha colocado entre el grupo de países que está a la vanguardia en el reconocimiento y respeto de la diversidad sexual, pero derribar muros y prejuicios ha costado, y sigue costando, trabajo, debate y lucha de las organizaciones involucradas.
Tal es el caso de la reproducción asistida o la fecundación in vitro que, en forma de proyecto de ley, ingresó al Congreso hace 17 años y con variantes y ajustes, acaba de recibir media sanción en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados.
Aunque el gobernante Frente Amplio (FA) espera que finalmente se apruebe y entre en vigencia el año próximo, la nueva norma genera algunas dudas y deja vacíos legales por artículos confusos respecto del derecho de las parejas homosexuales.
En el texto hay una referencia muy genérica a este punto. Se establece que las técnicas «podrán aplicarse a toda persona como principal metodología terapéutica de la infertilidad, en la medida que se trate del procedimiento médico idóneo para concebir en el caso de parejas biológicamente impedidas para hacerlo, así como en el caso de mujeres con independencia de su estado civil».
Algunos legisladores entienden que la norma habilita a las parejas homosexuales a solicitar un tratamiento, ya que menciona a las «parejas biológicamente impedidas» y a las mujeres en general.
Sin embargo otros creen que las parejas homosexuales están excluidas porque uno de los artículos señala que «a los efectos de la presente ley se define como infertilidad la incapacidad de haber logrado un embarazo por vía natural después de doce meses o más de relaciones sexuales».
El concepto de infertilidad excluiría a los homosexuales masculinos ya que el proyecto prohíbe expresamente el mecanismo conocido popularmente como «vientre de alquiler», o sea el pago a quien provea gametos o embriones para gestarlos en el útero de otra mujer.
En el caso de las mujeres lesbianas uno de los promotores de la iniciativa afirmó que solamente se permitirá en aquellos casos en que una de las mujeres tenga un diagnóstico médico de infertilidad. Su pareja podrá recibir entonces el tratamiento respectivo para quedar embarazada.
«Habrá que aclarar esos puntos e incluso precisar algunos otros referidos al código de adopción» de menores, dijo a dpa Omar Salsamendi, que es el presidente de la Asociación de Familias LGBT y Homoparentales del Uruguay , que integran lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales.
Desde el 5 de agosto, cuando entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario se han producido varios casamientos de homsexuales hombres y uno de mujeres lesbianas, en una pequeña localidad de 2.400 habitantes, ubicada en el departamento (provincia) de Artigas, a unos 500 kilómetros al norte de Montevideo.
La diputada oficialista Graciela Cáceres, fundadora de la Asociación de Familias LGBT, reclamó recientemente en el pleno de la Cámara la necesidad de «profundizar los cambios» en este terreno y sugirió seguir implementando programas de educación en la diversidad, como una de las formas mas efectivas de combatir la discriminación.
«El avance en materia de derechos humanos que ha habido en el país lo posiciona a la vanguardia mundial. El matrimonio igualitario, las políticas públicas que se implementan y el amplio consenso sobre el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de la diversidad sexual, dan cuenta de una sociedad que evoluciona al reconocimiento pleno de la ciudadanía LGBT. Es necesario, sin embargo, profundizar los cambios», sentenció la legisladora uruguaya
En Uruguay existen 50.000 parejas infértiles heterosexuales pero la idea es que la nueva ley ayude también a parejas homosexuales de lesbianas y a mujeres solas con problemas de fertilidad.
Por Carlos Castillos